Fernanda Durán
El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, manifestó la inconformidad de la institución con respecto a los 658 millones 175 mil 306 pesos observados en la revisión de Cuentas Públicas 2022 por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), al considerarlas como acciones irregulares con índole política.
Esto daría paso al siguiente debate entre ambas instituciones.
El rector destacó que no están de acuerdo con el criterio utilizado para la revisión de los recursos propios de la Universidad, pero se trata de observaciones que se tienen que subsanar si resulta procedente y por lo que actuarán en consecuencia, ya que además el IFSE reveló la información a la prensa “sin antes haber notificado de forma correcta como es lo que debe de suceder”.
“Esa información que salió en un periódico local habla, desde mi punto de vista, de una falta de ética de alguna persona que suelta una noticia sin fundamento sólido y no nos han notificado a nosotros como los verdaderos interesados en esa situación”.
Zermeño Guerra insistió en que los recursos autogenerados por la Universidad deben ser revisados por la Contraloría Interna de la UASLP, por lo que el criterio manejado por la anterior Auditoría Superior del Estado y el actual IFSE no coincide con sus pautas.
Mientras que recursos como el Ramo U006, que es el mayor que llega por recursos federales, y los que da el estado, provenientes del Ramo 028, también federal, señaló que debe revisarlo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien hace unos días dio a conocer que tenían cero observaciones, por lo que “quizá esto provocó esta reacción”.
Recordó que la primera confrontación con la ASE y la entonces encargada de despacho, Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, fue el amparo promovido en contra de su permanencia por más de un año como encargada de despacho, cuando la normativa del Congreso del Estado ordenaba que en caso de renuncia, muerte o que termine su función la anterior titular, tenía que hacer el nombramiento oficial en sus sesiones ordinarias subsecuentes, “pero no lo hicieron y pasó más de un año. Entonces una institución de este tipo debe cumplir las normas que ellos mismos crearon”.
La controversia con la institución fiscalizadora se mantiene luego de que el pasado lunes 6 de noviembre, el auditor superior del estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, a través de declaraciones públicas, resaltó las observaciones contra la UASLP debido a presuntas irregularidades respecto a la no presentación de documentación, como estados de cuenta bancarios donde se administran los ingresos propios; integración de ingresos propios recaudados; movimientos auxiliares de los registros contables y presupuestales de las cuentas que forman parte de los ingresos propios; normativas aplicables a la obtención, administración, manejo, ejercicio y aplicación de los ingresos propios; acumulado de nómina con cargo a ingresos propios; así como la documentación soporte de cada una de estas anomalías.
Rodrigo Lecourtois indicó que una vez entregado el Informe Individual correspondiente al Congreso del Estado el pasado 31 de octubre, cuentan con un plazo no mayor a 10 días hábiles en los que el Instituto deberá notificar a la UASLP, con lo cual inicia un periodo de 30 días hábiles para presentar la solventación al IFSE.
