Fernanda Durán
El Centro de Producción Santa Rita acumuló 67 millones 980 mil 972 pesos en 11 pliegos de observaciones emitidas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) como parte de su revisión a las cuentas públicas 2022, entre las que detectaron anomalías en el pago de la plantilla de personal, además de diferencias en los registros contables y presupuestales.
En el informe de auditoría AEFPO-20-PARIP-2022, el IFSE reportó que la empresa de invernaderos destinados para la producción de tomate, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos también obtuvo 19 promociones de responsabilidad administrativa, tres ejercicios de comprobación fiscal, tres recomendaciones y una solicitud de aclaración.
La muestra auditada por el ente fiscalizador fue de 566 millones 897 mil 648 pesos de los ingresos, es decir, un 94.9 por ciento del total y 484 millones 524 mil 491 pesos de los egresos, lo que representó el 63.3 por ciento del universo seleccionado.
Entre las observaciones más altas a resarcir por esta dependencia, el IFSE reportó un monto de 37 millones 594 mil 907 pesos por la diferencia detectada entre el estado de actividades y el registro del ejercicio del presupuesto de egresos percibido en el rubro de materiales y suministros, por lo que deberán presentar información para acreditar su destino y aplicación o reintegración a las cuentas bancarias del centro de producción.
La nómina y plantilla de personal fueron de los conceptos con más anomalías detectadas al interior del Centro Santa Rita. En cuanto a los pliegos de observaciones se requirió la evidencia de 12 millones 715 mil 750 pesos por pagos de salarios posteriores a las bajas del personal, ya que, de 24 millones de pesos utilizados de la misma forma, sólo 11.3 millones correspondieron al personal que renunció y volvió a ingresar, según las aclaraciones entregadas.
Asimismo, en las observaciones ordenó el reintegro de 4 millones 790 mil 030 pesos por el pago de salarios que excedieron lo establecido en el tabulador de sueldos, y que no se pudieron justificar; otros 4 millones 404 mil 511 pesos fueron observados por contratación de servicios para obras públicas con falta de documentación técnica comprobatoria.
En la única aclaración solicitada por el IFSE se pidió la justificación por falta de gestiones en el cobro de “cuentas por cobrar a corto plazo” que corresponden al 2019 por un total de 6 millones 164 mil 877 pesos.
Una de las razones que originaron la promoción de responsabilidad administrativa contra funcionarios públicos fue el incremento del 52.6 por ciento en el rubro de servicios personales entre los ejercicios fiscales 2021 y 2022, pues en este último, el presupuesto aprobado de 365 millones 200 mil 827 pesos era 125 millones 925 mil 827 pesos más que el año anterior, excediendo el límite establecido en los criterios generales de política económica.
Otra de las anomalías que derivó en la promoción de responsabilidades administrativas fue el incumplimiento del principio de sostenibilidad al finalizar el ejercicio fiscal 2022, debido a irregularidades por 143 millones 632 mil 006 pesos en la diferencia entre ingresos totales y los gastos totales del presupuesto de egresos.
