Por Victoriano Martínez
Cuando una autoridad tiene en la opacidad su escudo para actuar con impunidad al margen de la ley resulta tan obvio el dolo en el ocultamiento de la información que incurren en ridículas violaciones a la Ley de Transparencia como declarar reservados documentos que son públicos y deben difundirse de oficio.
El contrato DGA-CAASPE-AD-044-2023 relativo a una adjudicación directa por 10 millones 115 mil 200 pesos, que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) realizó en 2023 para la contratación de servicios de promoción y difusión en un medio de comunicación es una muestra más de esa actitud.
De entrada, un primer indicio de ilegalidad es que para el 2023 las adjudicaciones directas, según el Decreto 0567 publicado en el Periódico Oficial del Estado, tenían como tope máximo 1,125 UMA que equivalían a 116 mil 707.50 pesos. Es decir, ese contrato se adjudicó directamente a pesar de representar un monto 85.67 veces más de lo permitido.
Ese contrato, incluso, tampoco se podría haber adjudicado “mediante invitación restringida por escrito a cuando menos tres proveedores” ya que el monto por el que se firmó representa 7.22 veces la cantidad máxima permitía por este segundo método de adjudicación. Necesariamente tuvo que pasar por una licitación pública.
Un contrato como ese forma parte de los documentos que la Ley de Transparencia estatal incluye dentro del catálogo de la información pública que se debe difundir de oficio a través de la Plataforma Estatal de Transparencia (PET). En consecuencia, cualquier persona lo podría consultar sin necesidad de solicitarlo formalmente a la dependencia.
El ocultamiento de ese documento en la PET constituye una violación a la fracción XXXIV del artículo 84 de la Ley de Transparencia como muchas otras que se registran en la Plataforma, con la tolerancia de una Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) en una negligente complicidad.
La magnitud de la violación por parte de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado a esa disposición de la Ley de Transparencia, de acuerdo con los pocos documentos de ese tipo que se pueden consultar en la PET, es del posible ocultamiento de por lo menos un 60.58 por ciento de los contratos firmados.
Una revisión sobre los contratos de adjudicaciones directas durante 2023 arrojó que se publicaron 162 contrato de la serie “DGA-DCO-AD-”; no obstante, el número mayor de la serie es el 381, lo que representa que, si el de ese número fue efectivamente el último, se ocultaron 219 contratos.
En el caso de contratos de la serie “DGA-CAASPE-AD” se publicaron apenas 28 cuando el del número mayor es el 101. En este caso se habrían ocultado 73 contratos, entre los que se encuentra el DGA-CAASPE-AD-044-2023 por 10 millones 115 mil 200 pesos.
¿Cuántas otras series hay para los contratos? ¿Efectivamente el número mayor de contrato publicado fue el último o pudo haber más? De la respuesta a esas dos preguntas depende establecer el número real de los contratos ocultados, que podría ser mucho mayor al 60.58 por ciento.
El interés en el ocultamiento de los contratos no para ahí. El caso del DGA-CAASPE-AD-044-2023 da cuenta de que, además de incumplir una obligación de transparencia ordenada por la Ley, la Oficialía Mayor recurre a una dolosa –por aplicarla para incumplir la Ley– declaración de reserva ante una solicitud de información en la que le requieren ese documento.
No es la primera vez que Noe Lara Enríquez incurre en una declaración de reserva de información tan ridícula. En febrero de 2017 participó en la reserva del contrato del ayuntamiento con Vigue Red Ambiental, a pesar de que el documento ya se encontraba publicado.
Se trata de actos de ocultamiento de la información con un toque de reconocimiento de cierta culpa: ¿qué les preocupa tanto que lo tienen que esconder incluso con violaciones tan burdas a la Ley de Transparencia?
