Carlos Rubio
A pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) anunció que el nuevo parque vehicular para la Guardia Civil ya comenzó a llegar a San Luis Potosí, la administración estatal ha omitido publicar el contrato de adquisición de patrullas y, además, evitaron otorgarlo a través de solicitudes bajo el argumento de que “no hay registro de la información”.
Desde el pasado 25 de marzo, a través de un comunicado, la SSP dio a conocer la llegada de las nuevas patrullas que estarán bajo el mando de la recién aprobada Guardia Civil, hecho que fue supervisado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
“El Gobernador recibió y revisó por vez primera las nuevas patrullas en compañía de jefes policiacos y funcionarios de los tres niveles de gobierno en las instalaciones del C5i2”, señala el boletín de prensa.
De acuerdo con el comunicado, los vehículos que llegaron aquel día son unidades charger, camionetas tácticas y patrullas completamente equipadas con candados especiales que evitarán su clonación.
Se contempla que, en la primera etapa de equipamiento de esta corporación, se adquieran 100 unidades policiales, de las cuales, 20 utilizarán blindaje especial, además de vehículos tipo racer.
En las imágenes publicadas por la SSP es posible observar al menos tres vehículos color blanco, rotulados con el nombre y logo de la Guardia Civil: dos camionetas y un automóvil tipo sedán.
A través de la solicitud de información con folio 241196222000110, Astrolabio Diario Digital solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública el contrato celebrado para la adquisición de estos nuevos vehículos, así como un informe sobre la cantidad de unidades adquiridas, modelos y características.
Sin embargo, la información no fue proporcionada ya que, según la SSP, no cuenta con los archivos correspondientes toda vez que no han sido proporcionados por la Oficialía Mayor y señala que, “los contratos de compraventa o arrendamiento se gestionan y realizan a través de la misma, así mismo dicha dependencia es la encargada de realizar las adjudicaciones y contratación de proveedores”.
Simultáneamente, Astrolabio presentó la solicitud de información con folio 240469722000110 dirigida a la Oficialía Mayor, dependencia que se declaró incompetente para responder a esta.
El punto cuatro de la respuesta señala que “es facultad de la Secretaría de Seguridad Pública el administrar sus recursos conforme a lo antes señalado y por tanto es obligación de la misma secretaría el otorgar acceso a la información por Usted solicitada”.
Finalmente, la Oficialía Mayor sugiere dirigir la solicitud hacia la SSP, mientras que la SSP sugiere dirigir la solicitud a la Oficialía Mayor, ¿quién miente?, ¿quién tiene la información?
Esta no es la primera vez que una dependencia estatal cruza su respuesta con la Oficialía Mayor. Anteriormente, al menos tres dependencias estatales evitaron informar sobre el costo de la toma de protesta de Ricardo Gallardo y sugirieron preguntarle a la Oficialía Mayor, que finalmente se declaró incompetente.
Más adelante, Astrolabio solicitó información sobre la remodelación de las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas, sobre lo cual también se ocultaron los gastos que, hasta ahora, no han sido dados a conocer.
Otra obra que permanece en total opacidad es la remodelación del Parque Tangamanga I, cuyo costo final habría aumentado hasta los 200 millones de pesos, según dijo Ricardo Gallardo el día de la inauguración, no obstante, será imposible de aclarar la cifra hasta que su administración no publique los contratos.
No siguen el ejemplo
Recientemente el Gobierno Municipal de Enrique Galindo Ceballos también adquirió un nuevo parque vehicular para la seguridad de la capital y, a pesar de haber tardado más de un mes en dar a conocer el contrato, este fue difundido a través de la página web de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.
En el documento publicado por el Ayuntamiento es posible observar el monto que se pagará, así como la empresa a la que fue adjudicado y las características de todos los vehículos adquiridos.
Tratándose de vehículos comprados para la seguridad de los potosinos, contrastan las actitudes que toman las autoridades: por un lado, el Ayuntamiento capitalino publicó el contrato de 203 millones de pesos que celebró en diciembre de 2021, mientras que el Gobierno del Estado no es capaz de transparentar ni un solo peso de los recursos que ha destinado a las obras aquí mencionadas y, en específico, para las patrullas de la Guardia Civil.
