Por Antonio González Vázquez
Se está cumpliendo ya un año desde la última vez que los diputados informaron públicamente, como es su obligación legal, del gasto de publicidad en medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Desde hace un año no se publica un solo contrato trimestral pese a que el gasto anual promedia los doce millones de pesos.
La ausencia de esa información representó un llamado de atención del Consejo Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información Pública que en su último informe trimestral, hizo el señalamiento de la reiterada omisión del Congreso del Estado de hacer público el gasto en prensa.
La fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a que se difunda toda la información acerca de la planeación, programación, gastos y contenidos de la información que difundan a través de los diversos medios escritos y electrónicos, en el tiempo que contraten para ello.
Según la legislación, el contenido de la información deberá atender a criterios de imparcialidad, objetividad, veracidad y oportunidad.
Pese a ese mandato de ley, que por cierto, aprobaron los propios legisladores, la última actualización de esa información data de diciembre de 2016, lo que indica que todos los contratos suscritos con medios y los montos pagados en 2017 se mantienen ocultos.
Hasta el último listado de cheques de pago a medios de comunicación por la difusión de notas de los diputados, había un centenar de medios de todos tamaños y formatos que reciben dinero público.
