Abelardo Medellín
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) omitió girar oficio al consulado de Estados Unidos respecto del caso de un menor cuya madre, originaria de dicho país, denunció violencia y amenazas de parte de quienes ahora tienen la custodia de su hijo.
Andrea Ibarra es una mujer con nacionalidad hondureña y norteamericana quien contrajo matrimonio con una mexicana de origen protosino; ambas decidieron tener un bebé por inseminación artificial en 2018 y un año después decidieron visitar San Luis Potosí y quedarse a vivir unos meses en el estado.
Pese a que esta era un vista familiar, la vida de Andrea y su familia tuvo un vuelco cuando la familia de su esposa comenzó a ofenderla y agredirla: “Comenzaron a haber ofensas, físicas y mentales, hice muchas llamadas a la policía, pero ya no me sentía apoyada”.
Andrea Ibarra narró como en agosto, justo el día de su cumpleaños, tuvo un problema doméstico en que le aventaron cloro en los ojos, por lo que elementos policiales la escoltaron a ella, su esposa y su hijo a las oficinas de la PPNNA.
Luego del incidente, Andrea tuvo que vivir en un refugio para mujeres, donde consiguió apoyo psicológico. Sin embargo, en septiembre del 2019 la familia de su esposa la presionó para firmar un documento en el que dejaba al niño al cuidado de un albergue.
“Yo quise bajar a preguntar qué era lo que me pedían en el documento (…) no entendía, de repente mi ex pareja empezó a gritar ‘se lo lleva, se lo lleva’ y me hizo ver como una criminal”, relató Andrea Ibarra.
Pese a que fue convencida que ese era el mejor trato para el niño, el Juzgado Cuarto de lo Familiar aprobó que los suegros de Andrea se convirtieran en los cuidadores provisionales del bebé.
“Desde el inicio de todo yo le comenté al juzgado que yo había comenzado un caso en Estados Unidos porque mi hijo es de nacionalidad americana (…) lo que no comprendo es por qué ahora que ya tengo la custodia en Estados Unidos… sigo aquí”.
El proceso al que refiere Andrea fue un juicio de divorcio que se realizó en enero de este año, en donde se le dio la razón para quedarse con la custodia de su hijo.
Andrea Ibarra señaló que pese a que su matrimonio, embarazo y labor de parto ocurrieron en Estados Unidos, su ex pareja registró al bebé como mexicano sin su consentimiento.
Desde enero, Andrea solo tiene oportunidad de ver a su hijo una vez al mes; esta visita, le obliga a viajar desde Huston —donde reside actualmente— hasta San Luis Potosí para convivir con su hijo.
Sin embargo, dichas visitas han sido desgastantes para ella, ya que sus suegros le dicen al menor de dos años que quien la visita es “solo una señora” y lo contrarían al afirmar que ellos son sus verdaderos padres.
El abogado de Andrea, David Mejía, afirmó en entrevista que la primera autoridad en cometer una omisión fue la PPNNA quien debió dar vista del caso al consulado americano, pero pasó por alto dicha parte del proceso.
David Mejía comentó que otra omisión fue la del Juzgado Cuarto de lo Familiar, que tardó dos años en fijar fecha y hora para el desahogo de pruebas.
“Nos llama la atención que fijen hasta ahora la fecha y hora, cuando ya saben que hay una sentencia en Estados Unidos y una homologación de sentencia”, dijo el abogado.
Para David Mejía las omisiones en el caso de Andrea Ibarra son tan graves que la PPNNA y el juzgado habrían incurrido en violaciones a los derechos del menor, a la Constitución e incluso a tratados internacionales.
“Se han violentado tratados internacionales como la convención de la Haya, se han visto violentados en este procedimiento que ha sido desfavorable para el niño (…) la Convención de la Haya dicta que si hubiera un conflicto sobre un menor en un país extranjero, inmediatamente se debe ordenar la restitución a su país de origen, e igual lo establece la Constitución de nuestro país”, explicó el abogado.
“Tuvieron que haber dado vista al consulado, para que el consulado viera que tenía residencia americana, pero dieron tiempo a que la ex pareja de Andrea lo registrará sin presencia de Andrea aquí en México”, agregó la abogada Alejandra Rivera.
Andrea Ibarra reconoce que pudo haber sido un error permitir que hace dos años le quitaran a su hijo mientras ella se encontraba en el albergue, pero recalcó que lo que ella busca es “luchar por recuperarlo”.
