Angélica Campillo
Integrantes de las organizaciones Potosinos con Valor y Frente Cívico Nacional se pronunciaron por que el proyecto de decreto que reforma varias leyes en materia electoral, conocido como el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, sea pospuesto para su análisis y votación hasta después de las elecciones presidenciales de 2024.
El proyecto de decreto votado la semana pasada en la Cámara de Diputados, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
De acuerdo con Rafael Hernández Covarrubias, del Frente Cívico Nacional, la propuesta es que la reforma sea analizada durante más tiempo, es decir, que quede pendiente hasta que pase la elección a la presidencia de la República del 2024, y que el proceso electoral se lleve a cabo con las mismas reglas que hoy tiene el Instituto Nacional Electoral (INE).
Según lo referido por Hernández Covarrubias, este proyecto de decreto que hoy en día tendrá que transcurrir en la Cámara de Senadores, contiene preceptos que violentarían el Estado de Derecho, por lo que, de ser aprobado, van a impugnarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde tendrán que defender este posicionamiento.
“Hay un presidente autoritario que quiere cambiar al INE porque las reglas no le favorecen”, acusó Hernández Covarrubias.
José Alberto Meade Mendizábal, de Potosinos con Valor, indicó que se quieren reformar 450 artículos de cinco leyes y votarlo mañana en el Senado. No obstante, refirió que todos los cambios que se hicieron en cuestión electoral siempre tuvieron consenso de todos los partidos, y curiosamente hoy no.
Las organizaciones ciudadanas exigen a las y los diputados que hagan su trabajo, ya que consideró que no pudieron saber en tres horas si la reforma era “buena o mala”, por lo que manifestó que se volverá a la época del “levanta dedo nada más porque lo dijo el presidente”.
Mencionó que, entre otros puntos, con esta reforma se merma la capacidad operativa del INE, se debilita la figura del consejero presidente, y se restringe la capacidad sancionatoria y regulatoria de las autoridades electorales debido a que en la actualidad Morena no está de acuerdo con que les digan que no se pueden promocionar fuera de tiempos electorales, sin embargo, cuando eran oposición sí se quejaban de ello.
Otro de los puntos de la reforma es el recorte al presupuesto del INE, más no a los partidos políticos, cuando los integrantes de las organizaciones ciudadanas acusaron que estos los que se llevan la mayor parte y no son transparentes.
“Es tiempo de que la ciudadanía reaccione, porque los políticos abusan, han abusado y se quieren seguir sirviendo con la cuchara grande”.
Meade Mendizábal afirmó que no están en contra de Morena ni del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino en contra de las cosas que hacen daño y que hace que se pierda el “piso parejo” en materia electoral.
Alicia Vertiz Cardona, de Potosinos con Valor, comentó que una reforma electoral generalmente se había hecho al principio de una administración, donde todos los partidos inconformes con la elección proponían cambios, pero actualmente es todo lo contrario.
Argumentó que el partido en el poder es el que propone los cambios, cuando el INE y su actual estructura le ha favorecido, tan es así que López Obrador tiene la mayoría simple en la Cámara de Diputados y en el Senado, así como la mayoría de las gubernaturas del país, la presidencia de la República e incluso una popularidad alta, por lo que cuestionó cuál es el problema con el INE.
“Si todos los árbitros de estos partidos lo han hecho ganar, ¿cuál es la necesidad de hacerlo cambiar? ¿Quedarse en el poder para siempre? No entiendo”, manifestó Vertiz Cardona.
Los integrantes de las organizaciones ciudadanas dijeron tener la esperanza de que esta reforma se rechace en el Senado y, si no, que se acepte la discusión a fondo de la misma, la cual tendría que llevar meses para poder llegar a acuerdos consensuados entre todas las fracciones.
