Por Victoriano Martínez
La opacidad del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona no tiene límites: además de incumplir cada mes con un porcentaje mayor de sus obligaciones de transparencia ahora ha llegado al absurdo de emitir acuerdos de reserva sobre información que la Ley de Transparencia ordena que se debe difundir de oficio.
Una violación por partida doble a la Ley de Transparencia. Revela el incumplimiento de la fracción XXXIV del artículo 84, que detalla toda la información que se debe difundir de oficio en la Plataforma Estatal de Transparencia.
Los acuerdos de reserva que clasifican toda la información y expedientes relacionados con la remodelación del Parque Tangamanga I y los correspondientes a la remodelación y rehabilitación de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) son una confesión del incumplimiento a la fracción XXXIV del artículo 84.
Al mismo tiempo, esos acuerdos de reserva exhiben al extremo al que recurre el gobierno gallardista, en este caso a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), para incurrir en causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 197 de la misma Ley.
La SEDUVOP incurre en los dos supuestos de la fracción II de ese artículo al no atender las solicitudes de información y al no difundir de oficio la información requerida por estar contemplada en el catálogo de obligaciones de transparencia.
La fracción XXXIV del artículo 84 obliga a publicar mensualmente “los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados”, y enlista hasta 14 documentos que se deben incluir.
Se trata de datos y documentos que la SEDUVOP debe actualizar dentro de los primeros diez días de cada mes, y al no hacerlo incurre en la causal de sanción que aparece en la fracción VI del artículo 197.
Sobre la información relacionada con las obras en el Parque Tangamanga y en la Fenapo hay solicitudes de información no atendidas que, tras la presentación del respectivo recurso de revisión ante la CEGAIP, ésta ordenó la entrega de los documentos.
El hecho de que a esa orden hayan respondido con sendos acuerdos de reserva resulta una confesión de que, al responder a las solicitudes con la negativa de la información incurrieron en la causal de sanción que aparece en la fracción XI del artículo 197, que se refiere a “denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada”, lo que hicieron después.
Peor aún. Aunque la Ley obliga a que esos acuerdos de reserva sean publicados, también se les aplica la política de opacidad extrema, el ocultamiento total.
Se trata de dos obras insignia del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona que, por tener esa condición, representarían la oportunidad de demostrar públicamente que actúan con transparencia en la aplicación de recursos públicos.
Lejos de eso, la atención pública que se pone en ellas queda aparejada con la sospecha de un derroche de recursos públicos con irregularidades graves al mostrar un sobrecosto contra la inversión anunciada en el arranque. En el caso del Parque Tangamanga I la inversión anunciada de 200 millones de pesos terminó en un costo de 336 millones de pesos, según el primer informe.
Van ya más de dos años y medio en los que la opacidad ha sentado sus reales en el Estado, con ocultamientos tan descarados, tanto en la Plataforma Estatal de Transparencia como en la atención a solicitudes de información, y la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) resulta inexistente.
No hay peor incentivo para que la población ejerza su derecho de acceso a la información pública que una opacidad rampante con el aval de un trío de comisionados de la CEGAIP, quienes lo confirman con su silencio durante todo este tiempo.
Una irresponsabilidad de David Menchaca, Alfredo Solis y Ana Cristina García como garantes de transparencia que los convierte en cómplices de los sujetos obligados ante quienes tendrían que hacer valer su autonomía constitucional en favor de la población.
