Por Victoriano Martínez
La opacidad en el gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona va mucho más allá de simplemente “darles carnita” a los medios de comunicación para que tengan de qué hablar: en 23 meses y medio ha ocultado el destino de más de siete de cada 10 pesos que gastó, en tanto que en los últimos ocho no ha reportado el gasto de un solo peso.
El pasado 7 de junio, en entrevista con Astrolabio Diario Digital, Gallardo Cardona justificó el ocultamiento de información en lo que el considera razones suficientes para que toda la población confíe en que aplica correctamente el presupuesto.
“Porque tenemos las facturas de las agencias, primer punto; segundo punto, porque nosotros el presupuesto viene asignado en la ley de egresos y viene puesto en los estados financieros de cada mes, o sea, eso sí lo puedes ver y puedes revisar”, le dijo a Abelardo Medellín.
Reportar el destino de cada gasto que realiza no es cuestión de contar con facturas que no exhibe ni de ajustarse a un presupuesto de egresos o de elaborar estados financieros, sino de cumplir con obligaciones legales, tanto constitucionales como de las leyes de Transparencia general y estatal, que protestó cumplir y hacer cumplir y, por lo dicho en la entrevista, viola conscientemente.
De acuerdo con esas disposiciones legales, debe hacer públicas no sólo las facturas, sino las licitaciones, los contratos y el destino específico de cada uno de sus egresos.
La fracción IV del artículo 84 de la Ley de Transparencia lo obliga a publicar los egresos –con monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y funcionario que lo autoriza.
Al ser la Secretaría de Finanzas la dependencia que dispersa los recursos del presupuesto del Estado, en su relación de egresos tendría que aparecer, conforme con lo que establece la Ley, el destino del monto total. No obstante, en su relación mezcla cuentas bancarias y presenta grandes saltos en los números de folios, que dan cuenta del ocultamiento selectivo de información.
De hecho, sólo ha cumplido con la publicación de los egresos de octubre de 2021 a septiembre de 2022. De ahí en adelante, en los siguientes ocho meses se ha limitado a publicar los formatos sin información y con una misma “justificación”:
“Para este mes derivado de un caso fortuito en el sistema no se ha podido generar la información correspondiente al mes de octubre de 2022, sin embargo, una vez que se tenga completa será reportarada(sic)”, señala desde el primero de los meses que dejó de publicar la información. En el resto cambia el mes (excepto diciembre y mayo), pero en todas mantiene el error de “reportarada”.
Según los informes financieros trimestrales, de octubre a diciembre de 2021, el gobierno ejerció 13 mil 668 millones 953 mil 328 pesos; durante el 2022, un total de 56 mil 170 millones 633 mil 136 pesos, y en el primer trimestre de este año, 13 mil 980 millones 600 mil 879. Sin contar lo ejercido en abril y mayo de este año el total es por 83 mil 820 millones 187 mil 343 pesos.
En los doce meses que publicó su relación de egresos, la Secretaría de Finanzas reportó 23 mil 805 millones 544 mil 625.85 pesos, es decir, en los primeros 18 meses de la actual administración se ocultó el destino de 60 mil 14 millones 642 mil 717.15 pesos. Esto representa un 71.6 por ciento de opacidad.
De octubre de 2022 a marzo de 2023, se ocultó la totalidad de los egresos (27 mil 649 millones 554 mil 207 pesos) con la justificación de que por un “caso fortuito en el sistema no se ha podido generar la información”.
Ocho meses de recurrentes “sucesos ajenos” a la voluntad del obligado, que le sirven como excusa para incumplir su deber de transparentar los egresos son más que tiempo suficiente para que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) se ponga en alerta y tome las medidas necesarias para contrarrestar ese ocultamiento de datos.
Vista en contraparte: ocho meses de recurrentes “casos fortuitos” sin que la CEGAIP reaccione confirman que desde hace algunos años el órgano garante es una total y costosa nulidad, y el cumplimiento por parte de los restantes 268 sujetos obligados en cuestión de egresos lo hace aún más notorio, porque 153 ocultan la totalidad de sus gastos.
“¿Así o más opaco?”, parecieran preguntar David Menchaca, José Alfredo Solis y Ana Cristina García, los comisionados de la CEGAIP siempre dispuestos a hacerse de la vista gorda ante la creciente opacidad de la que, según sus actos y omisiones, no dudan en ser cómplices.
