Por Victoriano Martínez
Toda la información en posesión de las entidades gubernamentales es pública y sólo se puede reservar su acceso como algo excepcional.
Es por ello que las leyes de Transparencia contemplan procedimientos muy específicos para reservar información, con una lista concreta de causales que deben demostrarse con la prueba de daño, que consiste en explicar que publicarla provoca más daño a la sociedad que ocultarla temporalmente. Un daño que debe acreditarse que es presente, probable y específico.
La actual administración, especialmente en la aplicación de recursos públicos sea en obras o en compras, ha optado por la ruta inversa: toda la información sobre el gasto en compras y obras es secreta y muy, pero muy, excepcionalmente se le entrega a algún solicitante sin cumplir los principios del derecho de acceso a la información, especialmente el de oportunidad.
Un año dos meses después de concluida la versión 2022 de la Feria Nacional Potosina (FENAPO), el Patronato finalmente revela que el costo de los 28 artistas que se presentaron en el Teatro del Pueblo fue de 56 millones 368 mil 350 pesos.
Cuando la insistencia de los solicitantes de información es mucha, las dependencias de la actual administración pública estatal recurren a una medida todavía más excepcional: emiten un acuerdo de reserva luego de que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) emitió una resolución ante un recurso de revisión por el que deberían entregar la información.
Tan excepcional resulta la emisión de esos acuerdos de reserva que, por lo menos en el caso del recurso de revisión tramitado por Carlos Rubio, de Astrolabio Diario Digital, se enteró de su existencia cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) pretendió dar por cumplida la orden de entregar los datos solicitados con reservarlos.
Un acuerdo de reserva tan excepcional como ridículo al violar la Ley de transparencia por partida doble: (1) oculta información considerada pública por la fracción XXXIV del artículo 84 y, por tanto, (2) debe difundir de oficio de acuerdo.
Reservarla es causal de sanción, de acuerdo con la fracción VI del artículo 197 de la Ley de Transparencia, sin descartar que el incumplimiento reiterado y confeso en el acuerdo de reserva también tendría que ser motivo de sanción por parte de la CEGAIP.
A más de un mes de que la CEGAIP tuvo conocimiento de esas violaciones legales dentro del expediente del Recurso de Revisión 2069/2022, no ha realizado la más mínima acción para garantizar el derecho de acceso a la información pública al solicitante, mucho menos para aplicar sanciones por violaciones que afectan ese derecho de todos en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET).
Cada día que pasa sin que la CEGAIP tome medidas para proteger el derecho de acceso a la información pública, aumenta su condición de cómplice de la opacidad con que se ha conducido la actual administración pública estatal.
Una complicidad que parece complementar con la omisión de verificar que los sujetos obligados hagan público su catálogo de expedientes que contengan información clasificada como reservada, que deben estar a disposición del público y, al no incorporarlas a la PET, incurren en violación a los artículos 84 y 136 de la Ley de Transparencia.
El índice de expedientes clasificados como reservados forma parte de los diez catálogos que los sujetos obligados deben incorporar en el formato de cumplimiento de la fracción I del artículo 84. Además, para el caso de los acuerdos de reserva, la parte final del artículo 136 de la misma ley señala que “el catálogo deberá estar a disposición del público”.
Aunque la SEDUVOP enlista en ese formato vínculos a 68 catálogos, incluido el de expedientes reservados, al abrir éste se abre un archivo PDF con la información de que “no se generó”, a pesar de que cuando menos públicamente se sabe que reservaron la información sobre el costo de las remodelaciones del Parque Tangamanga I y de la FENAPO.
Otra dependencia que emitió reserva sobre información de gastos fue la Oficialía Mayor, que reservó la información sobre la compra de patrullas hasta noviembre de 2027, No obstante, en la información que publica en la PET sólo aparecen cuatro catálogos de documentos y no está incluido el índice de expedientes clasificados como reservados.
El colmo de la opacidad: ocultan hasta los acuerdos de reserva. Y lo hacen de tal manera… ¡que la CEGAIP parece no darse cuenta! O se hace…
