Por Victoriano Martínez
Actuar con transparencia en la administración pública es cuestión de una convicción que, cuando existe, las malas prácticas se repelen de manera intuitiva porque se asume con firmeza otra convicción de la que es inseparable y cuyo primer instinto es atender al interés de la población: identificarse plenamente como servidores públicos.
No puede haber servicio público sin transparencia. En consecuencia, quien asume un cargo gubernamental debe identificar de inmediato los mecanismos legales y las mejores prácticas ya operadas que amplían el derecho de acceso a la información pública para respetar el principio de progresividad establecido en el artículo primero constitucional, y no incurrir en retrocesos.
Si de algo han dado muestras las autoridades que resultaron electas del proceso electoral del año pasado es de la ausencia de esa convicción por la transparencia y, por tanto, de su escasa vocación para ejercer un auténtico servicio público.
“No tenemos la intención de generar malas prácticas o tener algunas situaciones que no sean correctas y que busquemos esconder”, aseguró el diputado José Luis Fernández Martínez, 204 días después de haber asumido el cargo.
Una afirmación que debió pronunciar cuando recibió su constancia de mayoría y que, desde entonces, debió actuar en consecuencia para que desde el primer día como diputado pusiera en práctica las medidas necesarias para mantener los avances en transparencia y, a partir de ahí, estuviera en posibilidades de ampliar el derecho de acceso a la información pública.
Tras 204 días, la LXIII Legislatura recibe una zarandeada por parte del Consejo de Transparencia del Congreso del Estado que, en su primer informe trimestral, exhibe el alto grado de opacidad en el cumplimiento de las obligaciones de difusión de oficio de información pública en que han incurrido los actuales diputados: incumplen el 92 por ciento de las obligaciones.
Un primer informe que llega con tres meses de atraso como indicador de que los diputados integraron ese órgano ciudadano de control de manera extemporánea. Así exponen su convicción por la opacidad que ahora buscan disimular con la burda maniobra de anunciar que se prevé la creación de un portal de internet más amigable.
Un anuncio que es una exhibición adicional a su gran desconocimiento del tema de transparencia, dado que no se cuestiona que sea amigable o no su sitio web, sino que no publican la información que por ley deben publicar.
Se trata de la ausencia de la información que no sólo deben publicar en su portal, sino también en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que nada tienen que ver con que pretendan crear un portal de internet más amigable.
Además, sus malas prácticas en transparencia no se limitan al incumplimiento de las obligaciones de difusión de oficio.
Ya no se publican las listas de cheques diariamente como se hacía varias legislaturas atrás, ni se transmiten en vivo las sesiones de las comisiones y se mantienen sus videograbaciones en línea como ya se hacía en el Legislatura anterior y como los obliga el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Si en el Congreso del Estado una extemporánea integración de su Consejo de Transparencia hasta hoy exhibe su convicción por la opacidad, en el Poder Ejecutivo el retraso en transparencia es mucho mayor: no se tiene noticia sobre la existencia o desaparición del Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública.
El incumplimiento de las obligaciones de difusión de oficio de información pública se encuentra en los mismos niveles que en el Congreso del Estado y, a seis meses de iniciado el gobierno, la difusión de las declaraciones 3de3 (patrimonial, de intereses y fiscal) sigue ausente no sólo en la PET, sino también en la Plataforma Estatal Digital (PED) del Sistema Estatal Anticorrupción.
Son los dos poderes del estado que deberían poner el ejemplo en transparencia, pero que con claridad dan las señales más nefastas: ante la exhibición de sus atentados contra el derecho de acceso a la información pública, desde la opacidad pretender simular ser transparentes.
