Por Victoriano Martínez
San Luis Potosí cuenta desde anoche con un Consejo Ciudadano por la Seguridad que, de acuerdo a la descripción que de ese organismo hizo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, es una “gran alianza de cámaras empresariales y del gobierno”, cual si se unieran para enfrentar un enemigo común que, en su primer acuerdo, no resultó ser la delincuencia, sino el resto de la población.
En un día en que causó impacto entre los potosinos la noticia sobre la incursión de un grupo armado de 80 personas en ocho vehículos que intentaron ingresar a la alcaldía de Mexquitic de Carmona y después provocaron algunos daños y saquearon la alcaldía de Ahualulco, la gran alianza empresarios-gobierno señala como prioridad en seguridad ¡el control de las manifestaciones!
Si bien la Fiscalía General del Estado calificó muchas horas después como versión no confirmada la incursión del grupo armado, el hecho es que no deja de haber señales del avance de un imperio criminal de acuerdo a la descripción que hizo Victor Ronquillo en septiembre. Un avance ante el que sorprenden las prioridades de ese Consejo Ciudadano por la Seguridad.
Una prioridad que parece más inducida por un mandatario que se presentó a una reunión con la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado (SUTSGE) sólo para la foto y, lejos de participar en el diálogo, buscó una imagen para afirmar que hubo un compromiso de retirar un plantón a cambio de ver si después se resuelven las demandas.
En el video que acomoda la versión de esa reunión a sus intereses, Gallardo Cardona establece abiertamente la prioridad que tiene por encima del derecho de manifestación, en este caso por reivindicaciones laborales:
“Se trata de que pasemos una Navidad todos tranquilos, se va a adornar toda la Plaza de Armas con un pino monumental que nunca se había puesto, de casi 60 metros, se van a hacer muchas cosas, necesitamos la Villa Navideña, necesitamos espacio, ojalá y que esa parte la entiendan ellos”, dijo.
Si Gallardo Cardona se hubiera quedado en la reunión, se habría enterado de viva voz que la dirigencia de SUTSGE no aceptó compromiso alguno y mantuvo su postura de mantener el plantón hasta que se resuelvan sus demandas.
La imagen de Gallardo Cardona sentado frente a Bernardina Lara Argüelles, lideresa del SUTSGE, tras la nueva postura del mandatario de aliarse con los empresarios para combatir las manifestaciones, terminó como un instrumento ineficaz de simulación de un diálogo que, en los hechos, fue un intento más de imposición.
Ahora, como medida de mayor efectividad, Gallardo Cardona parece apostar a convertir a los organismos empresariales, a través de sus dirigentes, en el aval para reprimir el derecho de manifestación.
Una gran alianza empresarios-gobierno en la que los dirigentes de la iniciativa privada no tienen el más mínimo empacho en figurar como el garrote de cuello blanco que empuñe el gobierno de Gallardo Cardona para reprimir cualquier intento de reivindicación. Un garrote que amenaza con ser estrenado para abrir espacio a un monumental pino navideño.
Sospechoso resultó que durante la última semana del gobierno de Juan Manuel Carreras López hubo un caos por distintas manifestaciones por diversos rumbos de la ciudad, en tanto Gallardo Cardona presumía que, con su capacidad de diálogo, resolvería ese desorden. Hoy resulta preocupante que siente las bases para reprimir las manifestaciones, antes que resolver los conflictos.
Dos manifestaciones de sindicatos de burócratas son hoy el obstáculo a los afanes populacheros navideños de Gallardo Cardona.
Si la perfilada operación garrote empresarial le resulta, Gallardo Cardona habrá inaugurado el mecanismo para desincentivar las manifestaciones de cualquier grupo del resto de la población –esa que no califica como ciudadanía para ser tomada en cuenta en un consejo por la seguridad– y, para los casos en que se atrevan a manifestarse, aplicar medidas represivas avaladas.
Como gobernador, Carreras López creo el Consejo que anoche se instaló. Se integró por primera vez el 21 de abril de 2018 y no hay registro de que se haya utilizado para reprimir manifestaciones. Su objetivo se describió como mecanismo para “reforzar la comunicación y las acciones en la materia”.
“Buscamos mejorar la comunicación y acciones para atender las demandas más sentidas por la sociedad”, con términos coincidentes describió Gallardo Cardona los objetivos del Consejo en su página de Facebook.
Y el primer “gran trabajo que va a empezar a generar el empresariado y este Consejo”, dijo al salir de la instalación de ese organismo, será el control de las manifestaciones.
