Angélica Campillo
Opositores a la construcción de la presa La Maroma criticaron el apoyo que los legisladores locales y autoridades brindaron al proyecto, y aseveraron que continuarán defendiendo sus derechos por la vía legal.
Héctor González Cruz, ejidatario del puerto El Venadito, perteneciente al municipio de Villa de Guadalupe, declaró que desde hace aproximadamente dos años se comenzó con la edificación de la presa La Maroma, del lado de Matehuala hacia la sierra de Catorce, y posteriormente en la comunidad donde habita, empezaron a construir un ducto para llevar agua a la mencionada presa, con lo cual están en desacuerdo debido a que, con engaños, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) los hicieron firmar un documento en el que ceden parte de este líquido, que les corresponde por decreto presidencial.
Señaló que para detener la construcción de este ducto en su ejido, que sería de entre cuatro y seis kilómetros, desde noviembre de 2018 mantienen una manifestación pacífica, y detalló que “les falta conectar tubos, conectaron la mayor parte, ahorita les falta poco y es por eso que creímos que era tiempo de detener la obra hasta que no se respeten nuestros derechos, porque al construir esta presa nos están afectando al cien por ciento en todo nuestro derecho al agua que utilizamos para riego”.
Respecto al foro llevado a cabo el pasado lunes 5 de agosto en Matehuala, donde se discutió este proyecto, y al cual asistieron diputados de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, presidentes municipales e integrantes del Comité del ducto La Maroma, el ejidatario reveló que anterior a este evento la legisladora del distrito I, Consuelo Carmona Salas, manifestó su apoyo a los opositores a esta obra, pero en el foro dijo que la presa sería muy conveniente para beneficiar a la gente de otras comunidades que requiere del agua.
Agregó que tanto la diputada local como el subdelegado de Desarrollo Integral, Roberto Ramírez Montoya, así como el superdelegado de programas sociales del gobierno federal, Gabino Morales Mendoza, están desubicados y están jugando un papel que no les perjudique para cuando requieran el voto de la gente, ya que se reúnen con los opositores y les muestran su apoyo, pero hacen lo mismo con quienes están a favor de este proyecto.
Aseveró que es una total mentira que van por el agua, porque el agua está, las líneas de conducción también, pero ellos están tratando de aprovechar el supuesto compromiso de campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto para robar dinero a manos llenas y tratar de beneficiar a empresarios, y no realmente a los campesinos, porque si quisieran beneficiar a estos últimos hay otras maneras de hacerlo.
El ejidatario mencionó que los habitantes del puerto El Venadito continuarán defendiendo su derecho al agua hasta el final, a fin de mantener lo que sus antepasados les heredaron.
Se dio a conocer que, en el foro, el subdelegado de Desarrollo Integral de Matehuala, Roberto Ramírez Montoya, refirió que se han tenido pláticas con la directora de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, en las cuales se ha determinado que es un proyecto viable y que sólo es cuestión de esperar unos días para tener una solución definitiva respecto a la problemática que prevalece con el proyecto de construcción de la presa. Además, se estimó que dentro de un mes y medio se destrabaría el asunto.
Asimismo, se especificó que el próximo 11 de agosto se llevará a cabo una consulta pública en la comunidad de Tanque Colorado, en donde se contará con la presencia de las autoridades ejidales que defienden el proyecto de la presa La Maroma.
Por separado, el representante legal de los opositores a la construcción de la presa La Maroma, Guillermo Luévano Bustamante, señaló que judicialmente no se ha obtenido una suspensión del proyecto, sin embargo los campesinos mantienen un plantón en el lugar donde se pretende realizar la obra, por lo que en los hechos está interrumpida. Asimismo, añadió, hay dos juicios de amparo activos y un juicio agrario ante el Tribunal Agrario en el Estado.
Luévano Bustamante adelantó que el próximo jueves 15 de agosto se llevará a cabo una audiencia en la que se está solicitando la suspensión del proyecto ante el Tribunal Agrario Unitario, y los argumentos son que la asamblea de ejidatarios y el comisariado ejidal están de acuerdo en suspender la autorización que habían dado para el proyecto, debido a que hay vicios en el consentimiento, es decir, cuando la Comisión Nacional del Agua les planteó el proyecto y ellos accedieron, no les informaron que era tendiente a la expropiación ni que iban a privarlos de sus derechos sobre tierras y aguas que tienen por decreto presidencial desde principios del siglo XX.
Apuntó que hay numerosas irregularidades administrativas en el proyecto, ya que no cuenta con los permisos necesarios para el tipo de obra, entre los que se encuentra uno de explosivos que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y uno para el uso de materiales pétreos que emite la Secretaría de Gestión Ambiental (Segam).
El representante legal subrayó que lo más grave es que los campesinos han denunciado que hay un poder legal supuestamente otorgado al delegado de la Conagua en el cual participaron ejidatarios, quienes para la fecha en la que se elaboró ese documento ya habían fallecido, por lo tanto no tiene validez, y ya hay una denuncia penal en ese sentido.
