Por Victoriano Martínez
Litigar contra las víctimas es algo que no se le da muy bien a Jorge Vega Arroyo, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV): por tercera ocasión la justicia federal le ordenó reparar el daño en el Caso Jair, de Laguna de San Vicente, y ahora debe incluir los honorarios de los abogados de la víctima, cuya intervención provocó.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito revocó la sentencia del Juzgado Octavo de Distrito y otorgó el amparo a los padres de Jair para que la CEEAV repare el daño de manera integral.
Los abogados Carlos Alejandro Hernández Rivera, especialista en derechos humanos, y Laura Elena Martínez, abogada certificada en derechos del niño por el Poder Judicial de la Federación, quienes encabezan la Fundación Jair, informaron que fueron notificados este miércoles sobre la determinación del Segundo Tribunal Colegiado.
En su sentencia, el Colegiado ordena a la CEEAV una reparación integral para la que enuncia ocho rubros que deben ser contemplados: daños sufridos en la integridad física, daño moral, perjuicios, pérdida de oportunidades, daños patrimoniales, gastos de asesor jurídico, tratamientos médicos o terapias y los gastos comprobables de transporte y alimentos por traslados.
“El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste sea privado”, estableció el Colegiado en el sexto de los puntos a contemplar en la reparación del daño, que es el caso que demuestra que la CEEAV no sólo no representa a las víctimas, sino que las obliga a recurrir a abogados particulares.
Los abogados que representaron a la familia de Jair, quien fue asesinado en mayo de 2015 en Laguna de San Vicente durante las fiestas patronales a las que la autoridad omitió enviar vigilancia a pesar de que se les solicitó por escrito, han recurrido en tres ocasiones a la justicia federal para contrarrestar omisiones de la CEEAV.
En la primera ocasión fue para que se reconociera el carácter de víctimas a los padres de Jair, luego de que Vega Arroyo suprimió partes de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el caso.
En la segunda ocasión para lograr que se ordenara a la CEEAV determinar la reparación integral del daño en el Caso Jair, luego de que Vega Arroyo intentó evadir la responsabilidad y descargarla sobre el imputado por el homicidio.
En esta ocasión, el caso llegó al Segundo Tribunal Colegiado, que determinó otorgar el amparo con los efectos descritos en los puntos que describen los aspectos que deben ser contemplados para la reparación integral del daño.
El Caso Jair es, entre todos los que se litigan contra la CEEAV, en el que se han agotado más instancias judiciales federales, y confirma lo que señaló José de Jesús Ortiz Cerda, víctima de despido injustificado como custodio del Consejo Tutelar para Menores:
“El comisionado presidente (Jorge Vega Arroyo) prefiere litigar las resoluciones en tribunales que enfrentar el pago de la reparación del daño, a mí me lo dijo”.
