Antonio González Vázquez
Los casos de probable violencia política contra diputadas en la LXII legislatura por parte de legisladores, en cuyo caso las víctimas hasta ahora visibles han sido Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Paola Arreola Nieto y Alejandra Valdés, provocó ya la reacción del Observatorio de Participación Política de las Mujeres que ha emplazado a la Junta de Coordinación Política a tomar las medidas necesarias para que cesen los actos de violencia política en detrimento de las diputadas.
Aunque en el Observatorio en su comunicado oficial no menciona a agresores y víctimas, conviene recordar que la prensa ha publicado información de casos en los que se involucra como agresores a Oscar Vera Fábregat, Pedro César Carrizales Becerra y Edgardo Hernández Contreras.
Ellos, diputados por los partidos Conciencia Popular, del Trabajo y Verde Ecologista de México. Además de las denuncias públicas, hay también denuncias ante la Fiscalía General del Estado.
Casos de violencia política de género ya se habían presentado en la anterior legislatura. Fueron víctimas de sus propios compañeros de fracción y de otras, Josefina Salazar Báez y Xitlálic Sánchez Servín.
Ayer, el Observatorio, publicó su posicionamiento sobre lo que viene sucediendo en la LXII legislatura del Congreso del Estado. El martes 22 del mes en curso, se había recibido un escrito en el que se entera al observatorio de lo que viene sucediendo con los diputados y diputadas.
“Al interior del Congreso se han presentado conductas que pudieran constituir actos de violencia laboral, hostigamiento, acoso y violencia política en razón de género”.
Advierte que dichos actos “atentan contra la dignidad humana y contravienen instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, e impiden el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres”.
El caso más reciente tiene que ver con presuntos insultos que profirió Oscar Vera contra Paola Arreola tras una reunión de la Junta de Coordinación Política.
La postura del Observatorio que encabezan el Instituto de las Mujeres, el Consejo Estatal Electoral y el Tribunal Electoral hicieron “una excitativa” a la Mesa Directiva del Congreso y a la Junta de Coordinación Política para que se implementen las estrategias necesarias para la prevención de atención de los casos de violencia laboral y de género contra las mujeres en el poder legislativo.
“Condenamos la presencia de prácticas sistemáticas de violencia laboral, acoso, hostigamiento y violencia política”, refiere el Observatorio al aludir como probables víctimas a diputadas, asesoras, colaboradoras, asistentes y personal en general.
Urgen a que se transversalice la perspectiva de género en el Congreso del Estado “a fin de evitar que se perpetúen y reproduzcan prácticas reprobables”.
