Por Victoriano Martínez
Fue la descripción que hizo Federico Garza Herrera en sus últimos días como fiscal General del Estado el 13 de septiembre la que marcó el destino de los organismos dotados de autonomía constitucional: serán autónomos pero no independientes.
“La Fiscalía General del Estado (FGE) es un ente autónomo, pero no es un ente independiente y lo que nosotros queremos es llevar buenas relaciones directamente con las autoridades que entrarán en breve tiempo”, comentó Garza Herrera en la presentación del nombramiento de José Luis Ruiz Contreras como vice fiscal perfilado desde ese momento para ser su sucesor.
Tan buenas relaciones “con las autoridades que entrarán en breve tiempo” le granjeó aquella sumisión y atentado contra el carácter del cargo que ocupaba, que resultó palomeado sin problema para ocupar el segundo puesto en importancia en otro organismo autónomo, la UASLP, que desde entonces ha dado muestras de ser autónoma pero no independiente.
La UASLP se ha ajustado de tal manera a la descripción de Garza Herrera que, entre los organismos autónomos, es el único al que en el proyecto de Ley del Presupuesto de Egresos prácticamente se le aceptó el monto solicitado: 2 mil 467 millones 040 mil 768.38 pesos, apenas 183 mil 629.62 pesos menos de lo que solicitó.
Para los otros siete no sólo no se atendió lo que pedían, sino que hasta se les presupuestó menos de lo que ejercieron este año, con excepción de la FGE a la que se le presupuestaron 69 millones 399 mil 600 pesos más que este año, pero 378 millones 173 mil 782.41 pesos menos que lo que solicitó.
Y no es que seis órganos autónomos a los que se les disminuye el presupuesto se nieguen a no ser independientes, sino que es tal la sumisión y el afán de alinearse por parte de quienes los encabezan para no correr el riesgo de quedarse sin el cargo, que los pueden menospreciar de esa manera y aun así se mostrarán halagados.
Un caso extremo es el de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que pretendía que le aumentaran el presupuesto de 33 millones 281 mil 927 pesos a 77 millones 535 mil 321 pesos –un aumento del 133 por ciento– y le presupuestaron 30 millones de pesos, apenas el 38.7 por ciento de lo que pretendía.
Llama la atención el caso de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que solicitó para 2022 un presupuesto con el mismo monto del autorizado este año (322 millones 35 mil 973.74 pesos) y solo le presupuestaron 300 millones de pesos.
En la CEGAIP seguramente se sintieron lo suficientemente no independientes para merecer un aumento presupuestal sin precedentes.
En la ASE posiblemente haya pesado aquello de que “el que a dos amos sirve…”, e intentaron no verse tan avorazados, pero con los informes de auditoría a las Cuentas Públicas, sobre todo con lo observado a autoridades con gallardía, más que no independientes, “…con uno quedaron mal”.
El rechazo de todos los informes, el general y los individuales, de las auditorías a las Cuentas Públicas 2020, las acusaciones en contra de la auditora Rocío Elizabeth Cervantes Salgado de limpiar cuentas, la ponían en entredicho junto con la institución, lo que exigía de su parte una defensa que no sólo justificara que hizo bien el trabajo, sino que defendiera el carácter autónomo de la ASE.
Con su renuncia, además de incumplir su protesta como auditora autónoma, abona sobre el camino abierto por Garza Herrera y reafirma su condena: los organismos autónomos serán autónomos, pero no independientes… lo que implica hacer los ajustes en un cambio de sexenio para colocar a incondicionales en ellos.
Un reacomodo que comenzó el 13 de septiembre con un efecto negativo adicional al anular la característica transexenal de los nombramientos en esas instituciones: que cuenten con una autonomía que no esté ligada el Ejecutivo en turno. Por eso no valen “razones estrictamente personales y por así convenir a mis intereses” para incumplir con el cargo.
No sólo es necesario que a los organismos autónomos se les dé ese carácter en la Constitución Política del Estado, sino que se nombre como sus titulares a personajes íntegros, comprometidos y valientes que la ejerzan a favor del interés público y la defiendan hasta el término de sus periodos en el cargo. Por algo sólo pueden ser destituidos por causas graves.
