Por: Antonio González Vázquez.
Organizaciones indígenas, campesinas, ejidales, científicas y académicas exigieron al gobierno estatal y federal la cancelación de concesiones mineras en la zona, la suspensión de un proyecto de depósito de residuos tóxicos y que en cambio, se proteja la zona de Wirikuta como un lugar sagrado.
Reunidos en el salón Casa del Peregrino en Real de Catorce, San Luis Potosí, el pasado 28 de agosto, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, científicos, miembros de organizaciones civiles, líderes del pueblo Wixárika y campesinos de la región, así como representantes de los pueblos afectados por la minera Peñasquito y Camino Rojo en el Ejido de Reforma, del municipio de Concepción del Oro, Zacatecas, y del Ejido de La Victoria, del municipio de Santo Domingo, se debatió sobre la necesidad de preservar la zona del semidesierto potosino.
Se realizó el Foro denominado “El agua en el desierto, Catorce hacia el 2030″ en el que unas 20 organizaciones civiles y representantes de municipios y ejidos del altiplano hicieron un pronunciamiento conjunto.
Aquí los acuerdos tomados:
El respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos de los pueblos campesinos de los ejidos y comunidades del Altiplano Potosino y del Pueblo Wixárika en su dinámica y actividades tradicionales en Wirikuta.
Como garantía de lo anterior, exigimos la cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas en el territorio denominado Wirikuta que abarca más de 140 mil hectáreas, en particular la cancelación del proyecto Minero “La Luz” de la trasnacional First Majestic Silver, a través de su filial mexicana minera “Real Bonanza”, así como el proyecto minero de Grupo Frisco a través de minera Tayahua y minera Guatimape que se encuentran vigentes en la zona sur de la Sierra de Catorce en las comunidades de San Bartolo y Real de la Maroma.
En el mismo ejercicio y protección de nuestros derechos humanos, demandamos la generación y ejecución inmediata de un Plan Hidrológico oficial para Wirikuta, en el cual intervengan científicos y académicos especializados en el tema, que garantice el derecho al agua y saneamiento, con suficiencia en cantidad y calidad para las poblaciones campesinas y no para las industrias, la conservación en el largo plazo de las fuentes de agua que tienen un uso sagrado y de abastecimiento, un Plan que ante el grave escenario, pueda diseñar infraestructura de conducción, captación, y almacenamiento.
En el mismo sentido del punto anterior; exigimos a las autoridades correspondientes se analicen las bases técnicas que dan origen al proyecto minero de la Presa de la Maroma que pone en riesgo la integridad de los habitantes de las localidades aguas debajo de la cortina como San Bartolo y Chilares, así como las bases técnicas de sus obras complementarias como son los pozos profundos que plantea la misma Comisión Nacional del Agua que lejos de aportar a la solución del problema, lo agudiza en el mediano y largo plazo, pues pretende violar el decreto de veda vigente 1 dadas las condiciones de sobre explotación de los acuíferos de la región.
De igual forma apoyamos la elaboración de un plan de ordenamiento ecológico territorial para el Municipio de Catorce, así como un plan de desarrollo urbano sustentable que asegure el fomento de la actividad turística como base de la economía y los empleos locales, bajo una perspectiva participativa, justa y socialmente incluyente donde las comunidades del desierto sean beneficiarias. 6. Impulsar un programa de desarrollo agropecuario sustentable diseñado específicamente para zonas áridas con los incentivos y subvenciones pertinentes y necesarias.
Con relación a la minería, que se detenga de manera inmediata el depósito de residuos tóxicos que se pretende hacer en el predio conocido como “Ojo de Venado”, dentro el rancho Palula, para salvaguardar el pleno respeto de los derechos de información, audiencia y defensa, así como a la salud y al medio ambiente sano de los pueblos campesinos que se encuentran alrededor, entre los que se encuentran ejidos como el de Victoria, en el municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí.
Se diseñen y se implementen programas y medidas encaminados a la protección efectiva de la flora y la fauna silvestre presentes en Wirikuta, que además de contar con estatus de conservación, son importantes tanto para el abastecimiento como para los usos religiosos y espirituales del pueblo del altiplano potosino y del pueblo Wixárika, en particular señalamos la relevancia de la conservación de los nidos activos de Águila Real y poblaciones del Peyote como especies bases de la cultura Mexicana.
Se revise la legalidad de la operación de las agroindustrias de la región, el cumplimiento de la legislación ambiental y sean castigados todos los abusos que se han cometido en perjuicio del medio ambiente y en perjuicio de los derechos humanos de los jornaleros agrícolas, que se han caracterizado por condiciones de esclavitud, jornadas de trabajo de 12 horas, explotación de mano de obra infantil, y uso de agrotoxicos que ponen en riesgo la salud de jornaleros y sus familias.
Que sea Wirikuta reconocido oficialmente como un Territorio Biocultural con un estatus de conservación prioritaria a nivel de paisaje, es decir, integrando de manera fundamental los elementos sociales y culturales que confluyen y que sinérgicamente aportan a la riqueza Biocultural.
Y por último, exigimos al Gobierno Federal impulsar y agilizar la inscripción de la “Ruta Huichol por los Sitios Sagrados a Wirikuta” en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO.
