Fernanda Durán
El Gobierno federal firmó este lunes el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y Carestía, con empresarios, industriales, distribuidores y comerciales con el objetivo de mantener el costo de la canasta básica de 24 productos en mil 039 pesos hasta el 28 de febrero de 2023.
El acuerdo fue refrendado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, el presidente Andrés Manuel López Obrador, representantes de las empresas involucradas; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, y la jefa del Servicio de Administración Tributario (SAT), Raquel Buenrostro.
“Tenemos poca inflación en energéticos, pero en alimentos, aun cuando no ha sido mucho el incremento, sí nos está afectado, nos está llevando a que se pierda el poder adquisitivo en las familias (…) Afortunadamente contamos con el apoyo de este grupo de empresarios, industriales, comerciantes que ante el llamado que se les hizo acuden y de manera ejemplar, se comprometen a ayudar”, comentó López Obrador.
El encarecimiento de los productos agrícolas ha sido resentido, por e
llo la contribución de energéticos a la inflación anual de 8.8 por ciento en la primera quincena de septiembre fue de 0.62 puntos porcentuales, la de alimentos de 4.2 por ciento, explicó Ramírez de la O.
Ante la inflación en la oferta que enfrenta el país, el Gobierno decidió aumentar la producción de los alimentos, así como reducir costos regulatorios y logísticos por parte de la administración pública en colaboración con las empresas para fortalecer la oferta en comida.
Acciones que implica el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y Carestía
El pacto contempla una licencia única universal, la cual les exime de trámites o permisos en el envase de sus productos, incluidos aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) y de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), además del impuesto general de importación.
“Se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad”, dijo el secretario de SHCP.
Cuando el acuerdo entre en vigor se suspenderá toda regulación que impida o encarezca la importación e internación de alimentos y su movilidad en el país, lo que incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso o regulación nacional.
Mantendrán la política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018; congelarán las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y a Caminos y Puentes Federales (Capufe) hasta el 28 de febrero de 2023.
La autoridad revisará casos de productos alimenticios que necesiten soluciones particulares por cuestiones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o alguna otra que “no sea factible de superar por la propia empresa y que afecte la oferta de alimentos”.
De igual forma, se cancelará por el periodo de este acuerdo la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizada en el envase de alimentos. Además, analizarán en conjunto la necesidad de extender esta limitación a otros productos.
Se pretende reducir hasta un ocho por ciento el precio de la canasta básica de 24 productos, es decir, pasará de mil 129 pesos a mil 39 pesos conservándolo hasta el 28 de febrero de 2023.
Las empresas productoras de harina de maíz se comprometen a no subir los precios durante la vigencia del acuerdo. En especial a la harina básica extra premium sin conservadores, para que alcance un precio tres por ciento menor al máximo promedio actual.
La Procuraduría Federal del Consumidor tendrá la facultad de fiscalización y sanción en aquellos casos donde se detecten abusos en la cadena de distribución de alimentos.
El plan incluye a empresas productoras de huevo, harina de maíz, pollo, carne de res y cerdo, así como de la industria minorista: Walmart, Soriana y Chedraui; y entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
