Alejandro Rubín de Celis
De acuerdo al compromiso que hicieron integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, aparentemente ha quedado conjurado el peligro de que el ex diputado Mariano Niño Martínez y otros de sus compañeros en la anterior legislatura sean perdonados por desviar recursos y engañar a beneficiarios de la extinta partida de Gestoría Institucional.
Para no variar, los miembros de la Jucopo se reunieron a puertas cerradas y de espaldas a la ciudadanía resolvieron no apoyar el acuerdo reparatorio que solicitó la defensa de Mariano Niño respecto de una segunda denuncia en su contra ─la primera ya está en el Poder Judicial─. Pese a la petición de estar presentes en la reunión, integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) fueron informados de la decisión hasta que ésta concluyó.
La determinación tomada por la Jucopo significa una victoria más para las organizaciones ciudadanas, los activistas y por supuesto para las víctimas que, con su esfuerzo y dedicación durante más de un año, presentaron pruebas de los presumibles fraudes en que incurrieron varios diputados de la pasada legislatura al desviar para su beneficio fondos destinados a apoyos sociales. Además, lograron que el ex diputado Mariano Niño fuera vinculado a proceso en la primera de varias demandas que pesan en su contra, y que los diputados de la Jucopo decidieran no perdonar a ninguno de los inculpados.
Ciudadanos de a pie haciéndoles la chamba a las autoridades encargadas de procurar justicia y a quienes dicen ser sus representantes.
No se puede hablar de una victoria ciudadana, pues penosamente son muy pocos los integrantes de la sociedad que están dando la lucha por hacer valer los derechos humanos de todos.
Tuvo que ser el empeño de un pequeño grupo de ciudadanos el que moviera la lenta carreta del sistema de justicia para que finalmente un juez de control determinara vincular a proceso al ex diputado de marras.
Tuvieron que anunciarse nuevas movilizaciones de protesta para que la Fiscalía General del Estado comenzara a girar sus oxidadas ruedas y que por fin judicializara un caso ─ uno apenas─ desde que se descubrió la llamada Ecuación Corrupta, hace casi dos años.
Hubo que ejercer presión ciudadana para que los diputados decidieran no otorgar el perdón a ninguno de los involucrados, toda vez que ya había expresiones de que podrían evitar ser enjuiciados si reparaban el daño causado. Así lo hizo ver la presidenta de la mesa directiva, Sonia Mendoza, posición que fue reforzada nada menos que por el fiscal general, Federico Garza Herrera.
Si la Jucopo hubiese decidido lo contrario ─que si por ellos hubiera sido seguramente lo harían con tal de proteger a amigos y compañeros de partido─, Mariano Niño y al menos otros 15 exdiputados ─ocho de ellos que tuvieron la oportunidad de regresar lo que se llevaron pero no lo hicieron─ estarían cantando victoria, jubilosos de que no serían sometidos a un juicio de carácter penal.
Forzados al fin ─y seguramente luego de valorar que les saldría caro ser cómplices de los inculpados─, pero los diputados de la Jucopo hicieron lo correcto. Sin embargo, aún no se puede cantar victoria pues en muchas ocasiones los legisladores se han comprometido a una cosa y han hecho lo contrario. No son dignos de confianza, eso se sabe de sobra. Por eso incluso José Guadalupe González, vocero de las organizaciones civiles y de los activistas que han apoyado a las víctimas, ha pedido que sea el representante jurídico del Congreso del Estado quien confirme que no habrá absolución para los demandados, en lo que toca, claro, al Poder Legislativo.
Hay un actor profundamente agraviado en este escándalo: las víctimas, que fueron engañadas mediante la falsificación de sus firmas y el uso de empresas fantasma para supuestamente recibir un recurso que necesitaban y que los privó de mejorar en algo, poco o mucho que fuera, su calidad de vida.
Otra agraviada debería ser la sociedad potosina en su conjunto pues se burlaron de ella quienes se comprometieron a representarla y a velar por sus intereses. Lamentablemente la ciudadanía en general no se indigna y reacciona ante semejantes ofensas ─esta y otras anteriores─. Pero nunca es tarde.
Está en el horizonte la necesidad de vigilar cada uno de los pasos que den en torno a estas demandas la Fiscalía General del Estado, La Fiscalía Anticorrupción, el propio Congreso del Estado y los jueces.
Está también el seguimiento y apoyo que hay que dar a las exigencias que mediante un documento entregado a diputados hizo el Frente Ciudadano Anticorrupción para que se transparenten todas las etapas del proceso de solicitud, gestión, aprobación, liberación, de recursos, entrega y comprobación, relacionadas con la desaparecida partida de Gestoría Institucional.
Hacer que los diputados hagan pública toda esa información permitirá detectar eventualmente otros casos de defraudación y si más exdiputados están involucrados, y en la revisión de todos esos documentos la ciudadanía puede y debe participar en lo que constituiría un auténtico ejercicio de contraloría social. De hecho uno de los puntos de exigencia del FCA es que el Congreso del Estado realice una campaña convocando a la ciudadanía para tal efecto.
Esta es una nueva oportunidad para asumir nuestra responsabilidad ciudadana de vigilar a nuestros representantes y hacer que se les castigue si se llevaron lo que no es suyo mediante engaños y simulaciones. No la desaprovechemos.
