Por Victoriano Martínez
La percepción de inseguridad no se construye sólo por la proliferación de crímenes de alto impacto y el número de víctimas en los enfrentamientos. Hay elementos de contexto que contribuyen a considerar que hechos que provocan consternación son posibles por actitudes y posturas de la propia autoridad.
El impacto de los crímenes atroces suele acompañarse de movilizaciones policíacas que completan una escenografía atemorizante que se prolonga en ocasiones por horas en torno a los lugares de los hechos delictivos.
Seguramente se trata de operativos necesarios e inevitables, pero en un contexto en el que las policías se encuentran entre las instituciones menos confiables, la actitud de los elementos para con las personas que por necesidad deben circular o traspasar esos lugares resguardados tendría que ser menos hosca.
Cuando los enfrentamientos derivan en persecuciones, las escenas atemorizantes se vuelven ambulantes y su efecto deja una estela que se expande por el territorio de la ciudad.
Este lunes se dio una persecución y enfrentamiento entre civiles armados y policías que comenzó en la calle Luna del fraccionamiento Capricornio y terminó en la calle de Cervantes, en la colonia El Paseo. Una distancia lineal entre el punto de inicio y el de llegada de 900 metros pero que, por las calles y avenidas que tuvieron que recorrer, se extiende a cuando menos dos kilómetros.
Un trayecto en el que la gente que transitaba en ese momento o se encontraba en los negocios y viviendas aledañas, fue testigo del recorrido, incluso en sentido contrario al marcado para el tránsito de algunas calles, de vehículos en los que se veían personas armadas seguidos de patrullas con sirenas encendidas.
Se trata de acontecimientos que no son sólo un incidente más que contar, sino un relato que infunde temor por las consecuencias que tales eventos pudieran detonar. Si no pasó a mayores esta vez, quizá en la próxima haya víctimas colaterales… y la suerte juega contra cualquiera.
Un contexto en el que surgen posturas que, antes que mostrar a una autoridad preocupada por eficientar el combate a la delincuencia, parece más interesada en justificarse y proteger su imagen, incluso con una solidaridad gremial como la del alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien pretende liberar de responsabilidades a los policías con el argumento de la puerta giratoria.
“La gente dice ‘la policía los dejó ir’, cuando en realidad entran en un proceso, incluso llegan a un juzgado y luego obtienen su libertad”, expresó.
Galindo Ceballos se coloca en uno de los extremos de la tensión entre cuerpos policiacos y jueces que da origen a lo que algunos penalistas y organizaciones como World Justice Project (WJP) llegan a considerar como un falso debate en torno a la puerta giratoria generada por el sistema de justicia penal que comenzó en 2008.
Un debate que ha provocado que en los últimos 14 años el catálogo de delitos por los que se decreta la prisión preventiva oficiosa que aparece en el artículo 19 constitucional se haya duplicado de ocho a 17.
“Aumentar el uso de la prisión preventiva oficiosa equivale a reducir la exigencia a cargo de las fiscalías y a eliminar el escrutinio de un juez, regresando a la dinámica inquisitorial de primero encarcelo y luego investigo”, advirtió en un artículo el WJP.
Ni en todos los casos el Ministerio Público es deficiente en la petición fundada y motivada para solicitar una prisión preventiva justificada, ni en todos los casos los jueces incurren en determinaciones que favorezcan de manera injustificada medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que, por no estar encarcelado el inculpado, no significan que no esté sometido a juicio.
Una circunstancia en la que posturas como la planteada de manera generalizada por Galindo Ceballos lo único a lo que contribuye es a generar en la población una distorsión en la percepción del nuevo sistema de justicia penal como un esquema que favorece la impunidad.
Las “liberaciones” y las “reincidencias impunes” que se “dan” en la puerta giratoria se vuelven figuras artificiales para descargar responsabilidades entre unos y otros que al final llegan al cuestionamiento del marco legal, cuando en realidad es un perverso distractor con el que se encubren sus propias deficiencias.
Justificaciones que tienen como efecto desacreditar el sistema de justicia del que son parte, lo que se vuelve el complemento perfecto para que la población se sienta insegura. No es de extrañar que se pueda pensar: ¿Cómo no van a ocurrir tantos crímenes si todo está armado para que prevalezca la impunidad? Ellos mismos lo dicen.
