Por Victoriano Martínez
Desde el 18 de diciembre de 2022, cuando en asamblea anunciaron a los 520 ejidatarios de La Pila que cada uno recibiría 60 mil pesos como pago por el derecho de vía sobre 30.26 hectáreas de su territorio, la sospecha de ilegalidades en esa virtual expropiación de tierras para favorecer a una concesionaria carretera abrió una ruta llena de obstáculos para documentar la corrupción.
Casi once meses después, como parte del litigio abierto por un grupo de ejidatarios inconformes con la ocupación, cada uno de los sospechosos se vio obligado a confesar lo que durante todo ese tiempo trataron de ocultar, durante sus comparecencias del pasado 6 de noviembre en el Tribunal Unitario Agrario, dentro del juicio 568/2022.
Los representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reconocieron haber firmado el convenio de ocupación, cuya existencia y la de sus antecedentes negaron incluso en respuestas formales a solicitudes de información, lo que suma a la irregular expropiación violaciones a la Ley General de Transparencia.
“En cuanto a las pruebas de mi escrito de contestación adiciono la prueba documental privada, consistente en el convenio de ocupación previa celebrado por mi representada y el ejido La Pila y Anexos, de fecha tres de noviembre de dos mil veintitrés”, señaló en su comparecencia la representación de la SICT.
Una revelación que deja ver el dolo con el que le respondieron solicitudes de información a los ejidatarios, lo que –además de las ilegalidades en el procedimiento de ocupación– también es motivo de sanción de acuerdo con el artículo 206 de la Ley General de Transparencia.
En su comparecencia, la representación de comisariado ejidal de La Pila develó el origen del pago de 39 millones 349 mil 254 pesos, a razón de 130 pesos por metro cuadrado, que se comenzó a entregar el 19 de diciembre del año pasado a los ejidatarios.
“Se ofrece como prueba documental privada el convenio de pago de recursos para la liberación de derecho de vía celebrado entre la concesionaria Mexicana de Técnicos en Autopistas y el ejido que dignamente se representa, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, respecto de la superficie de 30-26-86.57 hectáreas de uso común que forman parte de la litis”, especificó.
Aunque la representación de la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (META) evitó comparecer, al no hacerlo y tras la confirmación de los hechos por parte de los otros dos demandados, se le consideró confesa al advertir que “se tienen por ciertos los hechos de quien lo demanda, y también se le tiene por perdido el derecho de oponer excepciones y ofrecer pruebas”.
Las comparecencias revelaron, además del ocultamiento por parte de la SICT de todos los trámites que le había facilitado a META y el comisariado ejidal a espaldas de los ejidatarios, que el 3 de noviembre de este año se firmó el convenio de ocupación, aun en proceso de inscripción ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
Un convenio de ocupación contra el cual los ejidatarios inconformes promovieron de inmediato un juicio de amparo, el 1581/2023 en el Juzgado Sexto de Distrito, en el que el pasado 9 de noviembre se decretó la suspensión provisional y se citó para la audiencia incidental para mañana jueves a las 9:44 horas.
Las revelaciones en las comparecencias mostraron, además una confabulación entre el Comisariado Ejidal, los funcionarios de la SICT y la empresa META, un encubrimiento de la información que confirma los señalamientos de los ejidatarios y hoy les aporta elementos para afirmar que hubo actos de falsedad y corrupción en la secretaría a cargo de Jorge Nuño Lara.
“El señor Nuño llegó a un acuerdo definitivamente con los grupos empresariales para avalar la ocupación de las tierras, como punta de lanza de un proyecto de privatización de miles de hectáreas, porque no es un tramo de una carretera nada más, son miles de hectáreas que se piensan poner a la disposición de grupos de poder económico”, concluyó el activista Carlos Covarrubias Rendón, en entrevista con Julio Hernández López.
Los ejidatarios inconformes ya solicitaron a la representación estatal de la Procuraduría Agraria la documentación cuya existencia ya no puede ser negada, aunque no se les proporcionó por contar con “datos susceptibles de protección”, para lo que se debe preparar una versión pública.
Una situación que muestra que, así como en el proceso de declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito hubo funcionarios en la SEMARNAT que operaron sin éxito a favor de los urbanizadores, en el caso de la infraestructura carretera en la SICT pasa lo mismo, con el propio titular como sospechoso… en perjuicio de comunidades y ejidos.
