Carlos Rubio
El control de la narrativa que ejerce el gobierno estatal cada vez permea más y más ámbitos de la vida pública. Y aunque desde hace tiempo la Fiscalía General del Estado es una oficina más del Poder Ejecutivo (dígase desde más allá de los tiempos carreristas), siempre se le puede agregar una mordaza más para evitar fugas de información incomoda.
Desde el lunes 7 de abril, el grupo de WhatsApp mediante el que la Fiscalía difunde información a la prensa, fue eliminado junto con todos sus casi 250 integrantes, la gran mayoría de ellos periodistas.
Esta acción vino sucedida de la llegada de Fernando Garduza a la dirección de Comunicación Social de la Fiscalía, exfuncionario del gobierno estatal.
La eliminación de un grupo conllevó la creación de otro, al que automáticamente fue incluido un muy selecto grupo de reporteros, sin embargo, a otros más se les impusieron requisitos que no solo rayan en lo ridículo, sino en la ilegalidad de limitar el acceso a la información y al ejercicio periodístico.
El mensaje enviado a este medio para su “acreditación” es tan cómico, que lo vamos a reproducir en su totalidad:
“REQUISITOS PARA COBERTURA Y ACREDITACIÓN
A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Para garantizar una correcta cobertura de los temas de la fuente mediática de Seguridad y Justicia, así como velar por la protección de las personas, sus identidades y datos, para ingresar al canal oficial de difusión de la Fiscalía General del Estado, deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.- Carta membretada, con sello y firma del Director del medio de comunicación o de su jefe directo, dirigida al Director de la Coordinación de Comunicación Social y Vinculación de la FGE, en la que informe, quién o quiénes son las personas encargadas de cubrir la fuente de Seguridad y Justicia para su medio.
2.- Copia fotostática de gafete, credencial o documento que los acredite como trabajadores del medio de comunicación.
3.- Testigos de los últimos tres meses donde quede constancia del trabajo realizado por las personas a acreditar, y que esté relacionado con la Fiscalía General del Estado, o en su defecto, testigos de la publicación de los comunicados de prensa enviados por esta dependencia en el último mes.
4.- Proporcionar correo electrónico institucional y número de teléfono de la persona a acreditar.
Esta documentación deberá ser entregada personalmente en la oficina de la Coordinación de Comunicación Social y Vinculación, ubicada en la Fiscalía General del Estado, Eje Vial 100, colonia Centro, CP 78000” (sic).
Resulta contradictorio que una oficina de Comunicación Social se dedique a limitar la calidad de la información que emite una institución y, sobre todo, a quienes les llega.
Ya de por sí los comunicados que anteriormente emitía la Fiscalía eran irrisibles, este nuevo mecanismo para evitar el trabajo de periodistas incomodos no solo exhibe la poca tolerancia de las autoridades, sino también el poco entendimiento de lo que es el acceso a la información pública y la libertad de expresión.
Todavía más insultante es que estos requisitos se implementen bajo el argumento de “garantizar una correcta cobertura de los temas de la fuente mediática de Seguridad y Justicia, así como velar por la protección de las personas, sus identidades y datos”.
¿De qué forma es que una carta membretada y la fotografía del gafete de un periodista garantizan una correcta cobertura de la fuente? Todavía más importante: ¿Quién es el encargado y bajo qué criterios califica una correcta cobertura de los hechos de seguridad? ¿Acaso lo denominado como “correcto” es todo aquello que la institución emita y palomee?
Todo esto significa que quien está en dicho grupo fue acreditado como capaz de dar una “correcta” cobertura a los temas de Seguridad y Justicia, por lo que tiene una doble responsabilidad y, por ende, hasta consecuencias en caso de un “incorrecto” manejo de la información.
Un montón de interpretaciones a las que se prestan los ridículos requisitos y justificaciones que hoy presenta la Fiscalía General del Estado con el único fin de poner más y más trabas al ejercicio periodístico, que ni si quiera es la principal figura que ha puesto en jaque su actuar, sino que han sido las propias víctimas quienes, impulsadas por el ineficiente aparato de justicia, han hecho públicos sus casos, hasta el grado de tener que manifestarse y revictimizarse para obtener resultados. La prensa únicamente ha fungido como altavoz de todos esos reclamos que han surgido en casos como el de Daniela Martell, cuyo manejo se le salió de las manos a la institución, no por culpa del periodismo, sino por esos endebles intentos de esconder la verdad.
Si la Fiscalía busca garantizar una correcta cobertura de estos temas, que continuamente abra capacitaciones en materia de derechos humanos para los periodistas y para sus propios trabajadores, sin que ello signifique que lo único que busquen sea que solo perdure su narrativa, la cual, indudablemente está enfocada en ocultar y silenciar casos, así como únicamente hacer público lo que les favorezca y abone a esa intención de quedar bien parados ante la sociedad.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
