Por Victoriano Martínez
Cuando el 24 de mayo de 2019 el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la Sierra de San Miguelito no se toca, y los asistentes, incluido el gobernador Juan Manuel Carreras López, corearon ¡Sierra sí, fraccionamientos no!, quedó marcado uno de los temas más emblemáticos en la lucha por la gubernatura del estado, para el que esta semana será de definiciones clave.
Tras aquella advertencia, los grandes empresarios que se caracterizan por financiar campañas electoreras vieron una amenaza mayor a sus multimillonarios proyectos inmobiliarios que la que representaban hasta ese día los activistas ambientales.
Ese día inició una carrera en la que los depredadores inmobiliarios creyeron tener ventaja al contar con casi dos años para lograr que el Ayuntamiento aprobara programas de desarrollo urbano que les resultaran a modo para, cuando menos, tres proyectos depredadores: Gran Peñón, Las Cañadas y San José de Buenavista.
Han llegado a tal grado de presión sobre los integrantes del Cabildo, que han obligado a los regidores involucrados a ignorar suspensiones de amparo y hasta arriesgarse a cometer delitos ambientales y de otro tipo con tal de aprobar los programas antes de que se decrete la Sierra como Área Natural Protegida (ANP), a lo que los ha conminado la autoridad federal.
Hoy sesionarán de manera conjunta cuatro comisiones edilicias que pretenden aprobar los dictámenes que le dan el visto bueno a los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PMDUCP). Un desafío, no contra llamado de las autoridades federales, sino contra la legalidad y el interés general.
Hace una semana, un tuit del vocero presidencial y un oficio de la Semarnat dirigido al alcalde interino Alfredo Lujambio Cataño fueron la primera reacción pública para frenar las intenciones de depredación ecológica impulsadas en el Cabildo por clara presión empresarial.
Este domingo se dio una señal más del interés de la Federación por la Sierra: Paloma Aguilar, quien deja un cargo en el SAT para registrarse como precandidata de Morena, desde la Presa de la Cañada del Lobo recuerda que el ANP es un compromiso de la Cuarta Transformación (4T) y lo anuncia como un eje fundamental de la política social y ambiental de su propuesta de gobierno.
“El Cabildo está a punto de cometer un atraco que va a ser desastroso para la ciudad, desastroso para la ciudad con repercusiones ambientales que no vamos sólo a sufrir nosotros como habitantes de la ciudad de San Luis Potosí, sino que las mayores consecuencias van a ser para las futuras generaciones, de verdad, no lo podemos permitir”, advirtió
Se trata del primer pronunciamiento claro y directo en defensa de la Sierra por parte de alguien que aspira a la gubernatura, a pesar de los tantos precandidatos, no sólo de Morena sino de todos los partidos, que parecen convenientemente ignorar el tema, cual si quisieran evitar la confrontación con los grandes empresarios que se caracterizan por financiar campañas electoreras.
Si el tema de la Sierra estuvo presente en la contienda interna del PAN, fue más como una especie de instrumento para obstruir el cumplimiento de los compromisos del precandidato Xavier Nava Palacios, al grado que en intentos por destrabarlo se llegó a intervenciones ilegales de cámaras de la iniciativa privada a través de la Alianza Empresarial. Una historia que aún no termina.
La ampliación del proceso interno de Morena para elegir a su candidata a gobernadora, además de abrir la posibilidad de la participación de Paloma Aguilar con un claro discurso alineado a la 4T, también le permitió al gobernador Carreras López rescatar su proyecto sucesorio varias veces frustrado desde hace un año.
La madrugada del 6 de marzo, en los momentos previos a la Mañanera de López Obrador desde San Luis Potosí, Carreras López intentó –sin lograrlo– que la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez estuviera en el presídium de la rueda de prensa. Debió conformarse con ocupar una silla entre los reporteros. El gobernador no logró convertir la Mañanera en pasarela electorera.
Siete días después, el 13 de marzo, con la llegada del primer caso de Covid-19 al estado se abrió un foro de exposición diaria para Rangel Martínez, que la colocó como la principal protagonista del combate a la pandemia. Reflectores por causa de la salud pública que, en varios momentos, se trató de aprovecharlos para la causa electorera, hasta con reparto de kits de protección sanitaria.
La integración de la coalición Sí por San Luis con la prácticamente seguridad de que será encabezada por el candidato panista, además de que el PRI decidió que su candidato será varón para cumplir la equidad de género, volvieron a dejar fuera de la carrera a Rangel Martínez, para quien se abrió una puerta con la ampliación del proceso interno de Morena.
Rangel Martínez solicitó ayer licencia para dejar su cargo y presentar su registro como precandidata de Morena. También lo hizo la directora del Registro Civil, Lucy Lastras.
Si el 13 de marzo de 2020 la pandemia le dio a Rangel Martínez un papel protagónico como secretaria de Salud, hoy que se retira en busca de la candidatura por Morena la propia pandemia hace de su aspiración lo más inoportuno: abandonar su responsabilidad en el momento más crítico de la contingencia sanitaria.
Peor aún: se va en busca de un puesto de elección popular a unos días de que la Fiscalía General del Estado recibió información que amplía la denuncia por desvíos en la Secretaría de Salud, lo que da un toque de cierto oportunismo a su pretendida candidatura cobijada por la 4T, aun con el antecedente de aquella Mañanera en la que la jugada no les salió.
Este domingo, la licencia de Rangel Martínez y el anuncio de la precandidatura de Paloma Aguilar colocaron nuevos elementos para definiciones clave que se darán esta semana tanto para el proceso electoral en curso, como para la protección de la Sierra ante el embate edilicio que, contra la legalidad y el interés general, amenaza con aprobar los programas de desarrollo urbano.
