Otra vez asambleas sin validar en el Ejido La Pila

Por Victoriano Martínez

Lo volvieron a hacer: otra vez en el Ejido La Pila se realizó una asamblea sin la participación de la Procuraduría Nacional Agraria, según informó esa dependencia a ejidatarios inconformes, y también para desincorporar parte del territorio, en esta ocasión para la construcción de un libramiento que pretende afectar 30.26 hectáreas de áreas ejidales de uso común.

Esta vez se trata de un territorio que, según la versión de las abogadas que asesoran al Ejido, será expropiado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin que se especifique si la estatal o la federal.

El libramiento que atraviesa el Ejido La Pila es mencionado en la página 693 del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí 2020-2050 (PEOTDU), publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de julio de 2021, en el apartado “IX.9. Proyectos Estratégicos” al menos en tres propuestas:

  • Construcción de la vialidad del Eje 140 a Ciudad Satélite.
  • Construcción de la vialidad de Ciudad Satélite a Cerro Gordo.
  • Construcción de las laterales del Boulevard San Luis al Eje 140 y a Cerro Gordo.

Un proyecto incorporado al PEOTDU durante la administración estatal de Juan Manuel Carreras López con una clara intención de favorecer al pretendido desarrollo industrial que intentó el despojo de mil 888.99 hectáreas que, lejos de lograrse, exhibió actos de corrupción que provocaron cambios de personal en la delegación de la Procuraduría Agraria y el Tribunal Unitario Agrario.

Llegó a tales extremos la exhibición de irregularidades, que el caso fue planteado por escrito a la Presidencia de la República para que se iniciara una investigación por actos de corrupción, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera por un flujo de recursos sobre ventas irregulares de terrenos ejidales.

El grupo de ejidatarios que dio la batalla para impedir aquel despojo cuenta con elementos para considerar que este nuevo intento de utilizar el territorio del Ejido La Pila, ahora para un libramiento, no está desligado de buscar, a la larga, insistir en el uso de sus tierras para el desarrollo industrial pretendido.

Limitado al proyecto de libramiento, en el PEOTDU aparece como una obra que habrá de contar con financiamiento estatal y federal, es decir, intervención de las dos secretarías de Comunicaciones y Transportes.

No obstante, previo a la asamblea de este domingo y la realizada el 6 de noviembre, ninguna de esas dependencias reportó a la Procuraduría Agraria Nacional haber iniciado un procedimiento de expropiación de tierras en el Ejido La Pila.

Peor aún, de acuerdo con la información obtenida por ejidatarios inconformes, la Procuraduría Agraria no tuvo participación en las asambleas, con lo que vuelve a repetirse la toma de decisiones en una sesión que no cumple con los requisitos legales para su validez.

Por si eso no bastara, se abre la sospecha de que el pago que inicia este día a los ejidatarios por la supuesta expropiación, al no existir trámite en ese sentido por las secretarías estatal y federal, proviene de la empresa que presuntamente tendrá a cargo el libramiento proyectado.

No se trata de una cantidad menor: 39 millones 349 mil 254 pesos a razón de 130 pesos por metro cuadrado, que corresponden a 30.26 hectáreas, más lo que “la empresa”, según el dicho José Guadalupe Martínez Rivera, comisariado ejidal, negocie por otras siete o nueve parcelas.

La expresión de Martínez Rivera refuerza la sospecha de que el pago por la expropiación corre a cargo de la empresa, dado que señala que para esas parcelas sus compañeros negociarán “individualmente con la empresa, ahí el ejido no se va a meter para nada, ellos van a tener la forma de cómo negociar directamente”.

¿Por qué si se trata de una expropiación sus compañeros no negocian con alguna de las dos secretarías involucradas y lo tienen que hacer con una empresa?

Demasiadas señales de que algo turbio pasa con esa supuesta “expropiación” que hoy comenzará a pagarse, sin que se sepa por parte de quién, a los ejidatarios, a quienes entregarán 60 mil pesos a cada uno.

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