Alejandro Rubín de Celis
Una vez más, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado es el centro de la controversia, ahora por exceder sus facultades y pasar por encima de la Comisión de Vigilancia en negociaciones ocultas para designar a los integrantes de la Unidad de Evaluación y Control (UEyC), un área de reciente creación que resulta altamente sensible por estar directamente relacionada con la revisión de las cuentas públicas municipales y de otros entes obligados.
En esta ocasión el asunto no fue denunciado por agentes externos al Congreso como suelen hacerlo activistas sociales y miembros de organizaciones civiles ante la opacidad y los excesos de los legisladores, sino por la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Marite Hernández Correa, quien reveló que en una llamada telefónica el diputado priista, Mauricio Ramírez Konishi, le notificó de acuerdos tomados en la Jucopo para nombrar a los integrantes de la UEyC.
El hecho motivó que los integrantes de la Comisión de Vigilancia entregaran un documento en la Oficialía de Partes dirigido al presidente de la Jucopo, Edson Quintanar Sánchez, acusando a ese organismo colegiado de exceder sus atribuciones y pasar por encima de la Comisión de Vigilancia a quien corresponde seleccionar a los miembros de la Unidad de Evaluación y Control.
Ramírez Konishi reconoció que en una reunión extraordinaria de la Jucopo “se comentó que ya se están manejando las propuestas de los miembros de la UEC…” y que se lo comentó vía telefónica a la diputada Marite Hernández, mientras que Quintanar Sánchez confirmó lo dicho por el legislador priista y sostuvo que el reglamento interno de la UEyC faculta a su titular a elegir los perfiles que ocuparán ese órgano de control.
Falso. El ordenamiento citado por Quintanar es muy claro al establecer, en su artículo 17, que el titular de la Unidad puede nombrar al personal operativo y otros “salvo los nombramientos contemplados en el artículo 11 de este reglamento” que “están sujetas (sic) a la determinación de Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado”, y que son los puestos más relevantes: Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior del Estado, Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría, Dirección Jurídica, Secretariado Técnico, y Coordinación de Planeación Estratégica.
¿Por qué la Junta de Coordinación Política negocia los cargos de la Unidad de Evaluación y Control si no está entre sus facultades legales? ¿Por qué el diputado Ramírez Konishi trató el tema con el titular de la UEyC, Jorge Ovidio Robledo Gómez, y por qué éste se salto a la Comisión de Vigilancia e hizo negociaciones (¿o acaso acuerdos “en lo oscurito”?) en forma directa con la Jucopo? ¿Otra vez se intentó que prevalecieran las cuotas de partido ahora en la integración de ese órgano de evaluación y control?
La opacidad y los acuerdos “en lo oscurito” entre diputados de la Jucopo se han dado desde el inicio de la actual legislatura, a tal grado que no sólo se ocultan decisiones y acuerdos de alto impacto a la ciudadanía, sino hasta a los propios legisladores que están al margen de esa instancia, algunos de los cuales han protestado por no recibir información oportuna y no haber sido tomados en cuenta en ciertas determinaciones relevantes.
No se diga para tomar acuerdos inconfesables como el que propuso el diputado Eugenio Govea ꟷy que se aprobóꟷ para compensar la reducción de sueldo a los legisladores con una simulada maniobra de aumento al salario de sus asesores, que se diluiría en los laberintos contables del Congreso; o la forma como intentaron imponer al segundo titular de la Oficialía Mayor en su busqueda por controlar los recursos públicos del Poder Legislativo.
Hace ya muchos años las decisiones que ahora toma la Junta de Coordinación Política a través de representantes de los partidos las tomaba una sola persona: el presidente de la llamada Gran Comisión del Congreso del Estado. Por ese cargo pasaron “verdaderos ejemplos de rectitud, honestidad y transparencia” como Teófilo Torres Corzo y Juan José Rodríguez Medina, que manejaron a su antojo esa instancia, sin contrapeso alguno.
La Jucopo se creó en buena medida para acabar con las decisiones opacas y unipersonales acerca de los asuntos importantes y el manejo de los recursos públicos del Congreso. Pero nada, este órgano ha resultado igual de opaco y discrecional en aras de atender oscuros intereses de los legisladores que la integran. Para ello, entre otras viciadas prácticas, operan las cuotas de partido.
La Unidad de Evaluación y Control es una instancia altamente sensible por ser el enlace entre la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior del Estado (ASE) en las tareas de fiscalización de las cuentas públicas de los ayuntamientos y de otros entes obligados, y la designación de sus miembros no puede estar sujeta a la negociación de partidos y de intereses particulares, sino de identificar y elegir a los mejores perfiles en términos técnicos y éticos en las responsabilidades propias de esa nueva instancia.
En efecto, como lo ha señalado la diputada Hernández Correa, “los puestos de la Unidad de Evaluación y Control no son cuotas de partidos. Deben funcionar bien y de acuerdo a los perfiles que sean los más idóneos.”
Los casos de corrupción que se han conocido tan sólo en los últimos dos años al interior del Congreso del Estado y de su brazo fiscalizador, la ASE ꟷEcuación Corrupta, fraudes con partidas para apoyos sociales, Moches Gate, y la compra de voluntades para aprobar una ampliación al contrato con Panaviꟷ son motivo suficiente para cuidar que se elija a los mejores perfiles y a poner lupa legislativa ꟷsobre todo de parte de los diputados de la Comisión de Vigilanciaꟷ y ciudadana, a fin de evitar que ese nuevo órgano sea un apéndice más en el entramado de corrupción que ha deshonrado la alta responsabilidad social del Congreso del Estado.
