Por Victoriano Martínez
Mientras para Marcela Alemán y Roberto Cuello, padres de Lía, la menor de edad que fue víctima de abuso sexual en un kínder de Rioverde, se abrió este miércoles una nueva puerta de esperanza para sus exigencias de justicia, para las autoridades locales se avecina una posible resolución más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que exhiba sus deficiencias.
Se trata de un caso más con el que pareciera confirmarse que la descripción que en diversos encabezados de notas periodísticas se hace de la ruta que las autoridades locales han vuelto casi obligada para las víctimas es que enfrentan lo mismo: “les violaron sus derechos y todo sigue impune”, “son ignoradas en San Luis Potosí y recurren a instancias federales”.
Quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitudes de amparo y, en el extremo, la intervención de la SCJN, han dejado expuesto que ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, ni la Fiscalía General del Estado han sido capaces de proteger a las víctimas por cuyos derechos debieron velar.
Hace más de un año, el 13 de noviembre de 2019, la madre y al hermano de Karla Pontigo, asesinada hace ya más de ocho años, obtuvieron de la SCJN un amparo a dentro del expediente 1284/2015, porque les violaron sus derechos fundamentales al impedirles participar activamente en la investigación del homicidio.
La muerte de Karla no fue accidental, fue un feminicidio y como tal se ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se investigara.
Más aún, Fernando Toranzo Fernández, Cándido Ochoa Rojas y Miguel Ángel García Covarrubias desde sus posiciones como gobernador, secretario de gobierno y procurador de justicia, respectivamente, también debieron ser puestos bajo investigación para establecer su grado de responsabilidad en la negligencia en el caso.
Eso sin perder de vista que en la recomendación 55/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se señalan ocho funcionarios con responsabilidades.
Sobre aquella investigación ordenada por la SCJN no hay informes de avances y la SCJN ya admitió un nuevo caso en el que no sólo la FGE, sino también la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, le han dado la espalda a la víctima, que es una menor de edad, y a sus padres, quienes se encuentran en calidad de desplazados en la Ciudad de México.
Grave resulta que ese desplazamiento sea obligado por diversos atentados de muerte contra los padres de Lía, de las que fueron víctimas en San Luis Potosí como represalias por alzar la voz para exigir justicia. La familia de Karla Pontigo también ha sido víctima de amenazas y hostigamiento.
Más grave resulta que ante las exhibiciones de negligencia, y las que potencialmente se pueden prever, la reacción de las autoridades locales, comenzando por el gobernador Juan Manuel Carreras López, sean de tal indolencia que con sus actos se asumen como fieles siervos de la impunidad.
