Por Victoriano Martínez
Tras el anuncio de que el gobierno estatal solicitará un nuevo crédito al Congreso del Estado hecho por el titular de la Secretaría de Finanzas, Jesús Salvador González Martínez, tendrán que surgir las consideraciones por las que de distintos sectores, principalmente el empresarial, hubo oposición a que en mayo de 2020 se reestructurara la deuda estatal.
En la iniciativa presentada por Carreras López al Congreso del Estado y turnada a comisiones el 21 de mayo de ese año se describe el procedimiento, fundado en la Ley de Disciplina Financiera, para estimar el monto máximo al que el gobierno estatal puede aspirar para un endeudamiento dentro del marco de esa ley.
“De conformidad con el artículo 46 de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, corresponde al Estado un Techo de Financiamiento Neto de hasta el 15 por ciento de sus ingresos de libre disposición del ejercicio fiscal 2020, equivalentes a $3,757,460,308.65”, fue la forma en que en aquel documento se señaló el tope máximo para adquirir deuda.
Para ese año, los ingresos de libre disposición se estimaron en 25 mil 49 millones 735 mil 391 pesos y para el mes de mayo, cuando se pretendió que se aprobara la reestructuración, la deuda tenía un saldo de 3 mil 686 millones 976 mil 014.97 pesos, lo que dejaba un margen de endeudamiento adicional por 70 millones 484 mil 294.03 o menos.
Carreras López tuvo que descartar un pretendido créditos por 700 millones de pesos (10 veces más lo que tenía como margen), y la no aprobación –ni siquiera pasó al pleno– por parte del Congreso del Estado de la reestructuración lo obligaron a pedir un crédito quirografario por mil 300 millones de pesos que forzosamente terminó de pagar en junio de 2021.
Ese antecedente, ahora que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona anuncia la intención de solicitar al Congreso del Estado la autorización de un crédito aporta los elementos para hacer un cálculo sobre el margen de endeudamiento que se tiene.
De acuerdo con la proyección sobre los ingresos de libre disposición para este 2022 que aparecen en la Ley de Ingresos de este año, el monto alcanzaría los 24 mil 235 millones 776 mil 612 pesos, lo que representaría un Techo de Financiamiento Neto de 3 mil 635 millones 366 mil 491.80 pesos.
El gobierno estatal cerró el 2021 con un saldo de deuda pública por 3 mil 563 millones 468 mil 841, es decir, los ingresos de libre disposición proyectados sólo le darían margen para un nuevo crédito por 71 millones 897 mil 650.80 pesos. Una cifra muy raquítica para las aspiraciones que seguramente tiene Gallardo Cardona.
Si se toma en cuenta que el cálculo anterior se basa en una proyección de los ingresos de libre disposición, una posibilidad es que éstos puedan ser muy superiores a lo proyectado, por lo que cabría un cálculo inverso.
¿De cuánto tendrían que ser los ingresos de libre disposición para que el Congreso del Estado le pudiera autorizar, por ejemplo, un crédito por mil 500 millones de pesos al gobierno estatal?
Considerado el saldo al 31 de diciembre, un crédito por ese monto llevaría la deuda a 5 mil 63 millones 468 mil 841 pesos que, para quedar dentro del margen permitido por la Ley de Disciplina Financiera tendrían que estar respaldados por un ingreso de libre disposición de 33 mil 756 millones 458 mil 667 pesos.
A mayor aspiración de endeudamiento, mayor necesidad de justificarlo con ingresos de libre disposición mucho más altos.
Un anuncio sobre la petición de un nuevo crédito con el que el secretario de Finanzas pone el punto de atención en ver cómo harán para cuadrar las cifras de tal manera que no incurran en una violación a la Ley de Disciplina Financiera… a menos que recurran a argumentar razones excepcionales no tan fáciles de acreditar.
