Por Victoriano Martínez
Por alguna razón, al gobernador Ricardo Gallardo Cardona le urge de tal manera la municipalización de Villa de Pozos que los diputados están dispuestos a mostrar una descarada y humillante sumisión, dispuesta incluso a volver a ignorar al Poder Judicial Federal, y las irregularidades en el proceso municipalizador.
Una urgencia que Gallardo Cardona no puede disimular: anuncia que para el 2025 se incluirá presupuesto para la elección de las primeras autoridades y sale en defensa del nuevo municipio con la afirmación de que nacerá sin deuda cuando el dictamen frustrado el pasado 3 de octubre establece que absorberá un porcentaje del adeudo del ayuntamiento capitalino.
Tanto le urge, que Gallardo Cardona hoy se adelanta a ofrecer presupuesto para la elección cuando el plebiscito del pasado 24 de septiembre se tuvo que realizar con apenas el 35.81 por ciento del presupuesto requerido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que lo obligó a instalar una tercera parte de las casillas.
De tal manera atienden la urgencia del mandatario los diputados, que se aventuran a adelantar resoluciones del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito del Poder Judicial Federal sin haber sido notificados y aparentemente por la versión de Gaspar Méndez Ramírez, quien encabeza la solicitud de municipalización.
Aun suponiendo que se hubieran revocado todas las suspensiones de amparo contra la municipalización, el hecho no significa que se hayan resuelto de fondo los juicios iniciados y la prudencia jurídica recomendaría esperar a la resolución de fondo para evitar la emisión de un decreto que aún es posible que se resulte ilegal.
Una prudencia jurídica que los diputados mostraron no tener desde el 18 de diciembre de 2021 cuando se adelantaron a declarar la responsabilidad de funcionarios de la administración municipal encabezada por Xavier Nava Palacios, él incluido, cuando nueve meses después la justicia federal decretó sobreseer el Juicio de Amparo 288/2020-III.
“Se considera que la parte quejosa manifestó el consentimiento del acto reclamado a través de signos inequívocos en los que expresó y dio a entender su conformidad con el mismo, puesto que, se reitera, se pactó el pago del monto”, señaló el Juzgado Octavo de Distrito en su resolución.
En otras palabras, el Congreso del Estado juzgó a Nava Palacios y otros funcionarios por una presunta responsabilidad que nunca fue confirmada por la Justicia Federal. Es más, por un juicio que ya no existe y que, a pesar de ello, se mantiene como la causa por la que los diputados inhabilitaron al exalcalde y colaboradores.
Ya lo hicieron una vez, y en la sesión extraordinaria de hoy lo podrían volver a hacer al decretar la municipalización de Villa de Pozos, más que por contar con razones jurídicas, por atender al capricho de Gallardo Cardona; con el riesgo incluso de violar una suspensión de amparo en caso de no confirmarse la revocación en el expediente 1298/2023.
Las presuntas ilegalidades en que han incurrido los diputados que mantienen en curso al menos dos juicios de amparo, así sea sin suspensiones, tan no han sido subsanadas que el dictamen que hoy se someterá al Pleno del Congreso del Estado no presenta ninguna modificación: es el mismo dictaminado el 27 de septiembre de 2023.
¿De qué manera subsanan la poca confiabilidad en la recolección de firmas para la solicitud de municipalización en la que, según la compulsa realizada por la autoridad electoral, firmaron 95 personas fallecidas, 10 mil 827 se presentaron repetidas, mil 17 de personas ajenas a la delegación y hasta 101 de otras entidades? Más del 37 por ciento de firmas irregulares.
Han pasado diez meses y la actualización del dictamen tendría que quedar plenamente fundada y motivada. De entrada, ¿cuál es el periodo de vigencia de un plebiscito? El que se realizó hace diez meses tiene hoy validez… ¿y por cuánto tiempo más?
Para el caso del número de firmas requerido por la solicitud, que hace 10 meses presuntamente se cumplió con el 25.68 por ciento con ajustes al polígono que compensaron las 13 mil 254 firmas inválidas, ¿hoy tendría que considerarse la lista nominal actual?
Si la solicitud de municipalización se presentara conforme a la lista nominal que se usó en la elección del 2 de junio, tendría que ir respaldada por el 25 por ciento de los 94 mil 144 electores que en ella aparecen. Ese 25 por ciento correspondería a 23 mil 536 firmas, es decir, a la solicitud le faltarían mil 35 firmas. Se atendería la municipalización con el 23.9 por ciento.
Es muy posible que el ímpetu municipalizador recargado esté alentado por el resultado de la elección municipal en la delegación de Villa de Pozos: Sonia Mendoza obtuvo 27 mil 951 votos contra 16 mil 306 de Enrique Galindo.
Si se perdió la capital, hacer de Villa de Pozos municipio le permitiría a la verde gallardía arrebatarle el dominio sobre el 13.67 por ciento de los electores y el 10.85 por ciento del territorio, con el atractivo de ser una de las áreas con mayor potencial para desarrollos inmobiliarios, con los grandes negocios que esa circunstancia suele hacer posible.
El contraste en la votación para Mendoza y Galindo prácticamente se reproduce en la ventaja entre partidos: en la delegación de Villa de Pozos el 2 de junio el PVEM obtuvo 15 mil 488 votos, le siguió el PAN con 9 mil 579, luego Morena con 8 mil 962, el PRI con 4 mil 266 y el PMC con 3 mil 180.
Con el 16.45 por ciento de los electores de la Delegación de Villa de Pozos, el PVEM tendría vía libre para gobernar el nuevo municipio, con todo lo que eso representa para un grupo político de las características de la gallardía.
