Por Victoriano Martínez
La Sierra de San Miguelito se vuelve a prender por partida doble. Mientras estaba convocada una asamblea de la Comunidad de San Juan de Guadalupe para informar, entre otras cosas, que ya se logró tumbar el decreto de Área Natural Protegida, en un paraje conocido como Rincón Ancho inició un nuevo incendio.
“Ya la volvieron a prender, ya vamos para allá, no nos vamos a dejar”, fueron las palabras del mensaje que recibieron varios integrantes de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito.
Mientras en los límites de la comunidad de San Juan de Guadalupe el fuego se abría paso, en el salón comunal salían chispas por no haber logrado reunir el quorum para una asamblea en la que se cantaría victoria sobre los embates empresariales en contra del Área Natural Protegida (ANP).
“Informe del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia acerca del Área Natural Protegida”, establece el punto número 6 del orden del día para la asamblea que no se logró en primera convocatoria y para la que se cité en segunda convocatoria para el próximo 12 de mayo.
De acuerdo con la versión que tienen algunos comuneros, en ese punto les darían a conocer que el abogado Gustavo Barrera López ya habría logrado tumbar el decreto que declara ANP a la Sierra de San Miguelito porque ya se tuvo la audiencia en los tribunales y sólo esperan que unos días antes o después de las elecciones del 2 de junio se emita la sentencia.
Prácticamente se informaría que la estrategia multimillonaria ante el Poder Judicial Federal que presentaron el abogado y los empresarios a los comuneros el viernes 30 de junio del año pasado ya va a rendir resultados.
Una ofensiva contra la ANP Sierra de San Miguelito coordinada con jueces federales y los grupos empresariales que a la fecha ha dado como resultado al menos siete resoluciones de amparo favorables a propietarios privados y ejidatarios para excluir de la ANP sus tierras.
Esas resoluciones ordenan prácticamente lo mismo al presidente, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la SEMARNAT, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); y a su dirección de Asuntos Jurídicos.
“Dejen insubsistente, sólo por lo que se refiere a la parte quejosa (…) el Decreto Presidencial emitido el diez de diciembre de dos mil veintiuno mediante el cual se declara Área Natural Protegida con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna, la zona conocida como (Sierra de San Miguelito) … publicado el trece de diciembre de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación; así como sus efectos y consecuencias”, señala el considerando noveno de la sentencia.
Tras señalar que cada autoridad puede llevar a cabo en su ámbito de nueva cuenta el procedimiento, especifica que “deberán instrumentar un procedimiento a fin de que se respete el derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa, previo a la eventualidad de emitir el acto que pretenda imponer restricciones a sus propiedades”.
“Las autoridades responsables no están obligadas a iniciar nuevamente el procedimiento del Decreto reclamado, sin embargo, esta sentencia tampoco les impide hacerlo si estiman que existen las condiciones legales para ello”, se aclara en la sentencia.
En el octavo punto de la frustrada asamblea de ayer domingo se pretendía aprobar la recisión y/o nulidad de contratos con “personas físicas o morales”, lo que es interpretado por comuneros disidentes como una pugna entre los grupos empresariales por el control del proyecta Las Cañadas, para que tomen el control Marcelo de los Santos Fraga y Alejandro Tamayo.
La convocatoria a la asamblea incluye un informe por parte del Comisariado sobre el incendio que inició el 7 de abril y logró ser controlado cinco días después. Paradójicamente, se esperaba el informe de un incendio justo cuando ya iniciaba otro sobre el que, por cierto, se informó que se había comenzado a controlar y se esperaba que para este día quedara abatido.
En la ofensiva contra la ANP Sierra de San Miguelito coordinada entre jueces federales y grupos empresariales, algunos funcionarios de la SEMARNAT comienzan a identificar una circunstancia que ha facilitado su avance, y que es la inacción del gobierno del Estado, al grado de comenzar a considerarlo aliado de uno de los grupos empresariales inmobiliarios que han entrado en pugna.
Embates judiciales-empresariales contra la ANP que vuelven a poner en primera fila la urgencia de que la Sierra de San Miguelito sea declarada área de seguridad nacional. Del gobierno estatal no se espera que lo solicite si está bajo sospecha de alianza con uno de los grupos depredadores.
Los grupos San Juan de Guadalupe en Resistencia y Guardianes de la Sierra de San Miguelito insisten ante las instancias federales en esa nueva declaratoria. El avance de la ofensiva judicial-empresarial podría ser el motivo de que, desde la Presidencia de la República, impulsado desde la SEMARNAT, se acelere ese otro proceso.
