Por Victoriano Martínez
Por segundo domingo consecutivo, grupos empresariales –ahora acompañados por universidades y agrupaciones civiles– reprochan al Congreso del Estado haber considerado procedentes los juicios políticos contra el alcalde Xavier Nava Palacios y la síndica Alicia Nayeli Vázquez.
Con las agrupaciones que se incorporaron a los señalamientos contra el Congreso del Estado, ya son 33 organismos los que salen en defensa de la actual administración municipal.
A la acusación de selectividad e inequidad jurídica planteada hace dos domingos, los firmantes del nuevo desplegado agregan que los diputados buscan “por intereses mezquinos confundir a la ciudadanía distrayéndole y abonando a la incertidumbre y zozobra, cuando en estos tiempos lo que más requiere nuestra capital es paz, armonía y tranquilidad”.
Advierten que no permitirán que se denueste y denigre a una autoridad municipal elegida por la mayoría de los potosinos, que se quebrante el estado de derecho por oscuros y facciosos intereses, ni que vuelva la intranquilidad política. Una advertencia que implica que los actores visibles que promueven tales riesgos son los diputados.
Los señalamientos hechos en ambos desplegados bien pueden encuadrar en lo que establece la fracción II del artículo 10 de la Ley de Juicio Político para el Estado de San Luis Potosí, que señala como causa para que proceda un juicio político que se ataque “a la organización política y administrativa de los municipios”.
Con la Ley de Juicio Político de por medio, la disputa entre los organismos que defienden al alcalde y los diputados que promueven que se le enjuicie políticamente, al grado de despotricar como lo hizo el diputado Rolando Hervert Lara, podrían llevarla a exponer más ampliamente sus razones.
Los diputados podrían, por ejemplo, explicar cómo acreditan que Nava Palacios incurrió en “las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y sus garantías” que es lo que señala como causa para que proceda el juicio político la fracción III del mismo artículo 10.
Referir la existencia de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como hizo Hervert Lara no es suficiente, sobre todo si en el párrafo con el número 57 señala que la actuación de Edgar Jiménez Arcadia, director de Seguridad Pública Municipal, en el caso del desalojo de Teresa Carrizales, “fue unilateral e incluso en contravención de las órdenes expresas que tenía por parte del Secretario General del Ayuntamiento”.
¿Cuáles son las “violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y sus garantías” en las que los diputados fundamentan la procedencia del juicio político contra Nava Palacios?
Por parte de los firmantes de los desplegados, para que no contribuyan a entretener y distraer a la ciudadanía, y al traducirse sus señalamientos en acusaciones al Congreso del Estado de ataques “a la organización política y administrativa” del municipio de San Luis Potosí, podrían comenzar a trabajar ya en una solicitud de juicio político… contra los propios diputados.
Qué mejor forma de mantenerse “en sesión permanente como observantes y vigilantes de que se respete la paz social y el estado de derecho”, que emprender acciones concretas en las que revelen los “oscuros y facciosos intereses”, señalar abiertamente “las diversas y acreditadas malversaciones de los recursos públicos” y, sobre todo, darles seguimiento hasta lograr su castigo y que no prevalezca la impunidad.
No promover ni avanzar hacia sanciones contra lo que deba ser sancionado ni en aclaraciones sobre lo que deba ser aclarado convierte los actos del Congreso del Estado y las posturas de sus integrantes, así como los desplegados que pudieran acumularse, en un espectáculo inútil en el que unos y otros, al final, se olvidan de lo que importa para la ciudadanía: que acabe la impunidad.
