Por Victoriano Martínez
Si algo ha logrado exhibir en más de 21 años la existencia de leyes de transparencia es el cinismo cada vez mayor con el que los funcionarios evitan difundir la información pública o proporcionarla a los solicitantes, respaldados por un organismo garante que a duras penas se atreve a tocar a los sujetos obligados con la revocación de alguna de sus respuestas.
En el colmo del descaro, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) entregó en la fecha límite, el 31 de octubre, su tercer informe de actividades al Congreso del Estado, con un documento que no informa.
Un documento de 60 páginas que no aporta nada a la rendición de cuentas y exhibe, una vez más, lo incompetentes que son en materia de manejo de información los comisionados de la CEGAIP.
Dos detalles a manera de ejemplos.
Uno. Como actividades de su agenda institucional “para fortalecer la colaboración y asegurar que nuestras políticas y acciones en la materia de los derechos que corresponde garantizar tengan un impacto positivo en la vida de las y los potosinos reportan como acto del Pleno en el mes de agosto:
Acto protocolario de la entrega del Segundo Informe Trimestral ante el Honorable Congreso del Estado con la Diputada Cecilia Senllace Ochoa Limón Presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Honorable Congreso del Estado (página 6).
La fecha límite para la entrega de ese informe fue el 31 de agosto. Es decir, en este tercer informe dan cuenta de que el anterior lo entregaron fuera de tiempo.
Dos. El contenido del apartado sobre las medidas de apremio se compone de un solo párrafo de 102 palabras en el que dan cuenta de que por el incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia de los sujetos obligados trabajaron sobre expedientes generados entre 2020 y 2023 y ninguno de este año.
En el caso de las verificaciones 2020 se turnaron un total de 8 expedientes, en el caso del procedimiento 2021 se turnaron 7 expedientes, para el 2022 se turnaron 12 expedientes y para el 2023 se turnaron 6 expedientes (página 37).
Seguramente si logran que, por los ocho expedientes turnados hasta ahora por incumplimientos en 2020, la corrección e incorporación de los datos no publicados desde entonces resultará muy oportuna para los usuarios de la Plataforma Estatal de Transparencia.
Se trata de acciones con las que tendrían que obligar a los sujetos obligados a respetar la Ley y a poner a disposición de la ciudadanía información pública, pero si algo ha caracterizado a la CEGAIP, y cada vez de manera más grave, es que evitan incomodar a los funcionarios con tales exigencias.
Un caso que puede ejemplificar con claridad esa actitud quedó descrito en la respuesta a la solicitud de información con número de folio 240468424000128 en cuya respuesta el Hospital Central proporciona la relación de 61 recursos de revisión en su contra desde 2018 al 2024: en 25 expedientes la CEGAIP no le ha notificado la resolución: de 2019, 1; de 2022, 7, y de 2023, 17.
El hecho de que se trate de notificaciones con un mínimo de más de 10 meses de retraso no resulta tan relevante como el hecho de que en la totalidad de esos casos la resolución no notificada implica ordenarle al ente obligado la entrega de la información que le pidieron por tratarse de casos de afirmativa ficta, que modifican la respuesta o la revocan.
Es decir, en los casos en los que el funcionario tiene que entregar información al solicitante la CEGAIP retrasa la notificación. De los 36 casos en los que la CEGAIP sí notificó al Hospital Central, sólo en siete se favoreció a los solicitantes, sin que haya registro de conformidad con la información obtenida.
Jesús Piña Fraga, quien solicitó esa información, explicó que lo hizo luego de que lo intervinieron por un accidente que tuvo y se percató de que falsearon información en su expediente clínico. “Se negaron a entregarme la relación del material que usaron para atenderme y los estudios que supuestamente me hicieron”, dijo.
Inconforme con la respuesta, Piña Fraga presentó este lunes una nueva solicitud que en un primer momento se negaron a recibírsela porque aún la dirigía al anterior director, pero finalmente le dieron el acuse, tras ser atendido directamente por el director general del Hospital, Francisco Goldaracena Orozco.
“Reconoció que no tienen un control sobre el material y los medicamentos que reciben y cómo los utilizan”, dio Piña Fraga, “yo mismo veía mientras me curaban como llegaban y pedían material sin ningún registro de qué se llevaban y a quién se lo daban. Se lo dije y aseguró que todo eso se corregiría”.
El caso muestra que atrás de la falta de respuestas, con la complicidad de la CEGAIP, hay un deficiente cumplimiento de la obligación establecida en la Ley de Transparencia para que se documente a detalle el uso de recursos públicos y las determinaciones de los sujetos obligados.
Una deficiencia que también padece la propia CEGAIP, incapaz de documentar cuántas resoluciones tiene pendientes de notificar, el sentido de estas, desde cuándo, y la razón por la que no se ha hecho. Eso sí dejaría ver si cumple con su papel de órgano garante del derecho de acceso a la información pública y no un documento paja.
Es indudable que la muestra que da el Hospital Central se replica con los otros 253 sujetos obligados.
¿Qué otras acciones que verdaderamente repercuten en que los potosinos gocen a cabalidad del derecho de acceso a la información pública es incapaz de informar la CEGAIP?
