Desiree Madrid
La clausura temporal del Instituto Potosino Marista y la restricción en la inscripción de nuevos estudiantes derivaron en un litigio promovido por los padres de familia, quienes argumentaron que la medida afectaba el derecho a la educación de sus hijos e hijas.
Los padres de familia interpusieron un recurso legal para impugnar la restricción de inscripciones impuesta por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), ante un Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el cual resolvió a favor de los tutores, por lo que se revocó la medida impuesta por la SEGE y permitió nuevamente el proceso de inscripción en el Instituto Potosino Marista.
En respuesta, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado sostuvo que la decisión fue tomada en apego a la normatividad y como medida precautoria ante denuncias presentadas en contra del plantel.
De acuerdo con a información emitida por la SEGE, el 7 de octubre de 2024 la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría recibió una denuncia por una supuesta agresión sexual contra un estudiante del Instituto Potosino Marista. Posteriormente, el 6 de febrero de 2025, personal de la SEGE realizó una visita extraordinaria al plantel la cual, según la dependencia, fue obstaculizada por la institución.
Finalmente, el 27 de febrero de este año la SEGE colocó sellos de suspensión temporal del servicio educativo, medida que, de acuerdo con la dependencia, no impedía que los estudiantes inscritos continuaran con sus clases, sino que restringía la inscripción de nuevos alumnos hasta que el instituto regularizara su situación.
A través de un boletín oficial, la SEGE reiteró que su objetivo es garantizar la seguridad en los planteles educativos y que continuará actuando en apego a la normatividad vigente.
Además, la SEGE señaló que la restricción de inscripciones fue una medida precautoria derivada de las denuncias presentadas y de la supuesta falta de colaboración de la institución durante la visita extraordinaria, además de que estos sellos en ningún momento han obstaculizado o impedido impartir clases de manera regular a las y los alumnos que ya se encuentran inscritos, ya que su único alcance es impedir la inscripción de nuevos estudiantes para los siguientes ciclos escolares, o hasta que, su situación sea regularizada.