Por Victoriano Martínez
El acoso inmobiliario en contra de comuneros y ejidatarios sea para desarrollos residenciales o para proyectos industriales, ha llegado al extremo de confabulaciones entre empresarios y autoridades que van desde facilitar el despojo hasta la creación, en la práctica, del delito de ser posesionario comunal o ejidal… si se niegan a entregar sus tierras.
La denuncia de los habitantes de la localidad Paisanos en Mexquitic de Carmona por ser amedrentados a través la fabricación de delitos y otras acciones para despojarlos de sus tierras para la instalación del “Complejo Industrial Mexquitic” es un ejemplo más de cómo los embates de la voracidad por negocios altamente lucrativos ponen en riesgo ese tipo de territorios.
Si resulta grave que eso ocurra en una comunidad, el asunto exige mayor atención en tanto los afectados saben que no son los primeros que lo padecen, sino que otros centros de población enfrentan situaciones similares desde hace siete años, y mencionan a San Marcos, Picacho, Los Moreno y las localidades de Rodeo y Agua Señora, sólo del municipio de Mexquitic.
San Juan de Guadalupe, La Pila, Valle Umbroso, Guadalupe Victoria son sólo unos cuantos casos más de comunidades y ejidos que en torno a la mancha urbana viven el asedio de proyectos de desarrollos inmobiliarios, industriales, carreteros y hasta de explotación turística.
En el caso Paisanos queda expuesta una ruta del asedio en la que las autoridades no sólo son omisas en la protección de los derechos de los afectados, sino que se muestran facilitadores para las acciones de quienes pretenden consumar los despojos.
La fabricación de escrituras privadas que habilita los intentos de despojo no puede darse sin apoyo desde la Presidencia Municipal, lo que han detectado que ocurre desde hace siete años, es decir, cuando menos tres alcaldes podrían estar involucrados.
Una acción que se ve reforzada con la presentación de denuncias falsas como medida de amedrentamiento que suelen ser tramitadas con una celeridad mayor a la común y por las que hoy se encuentra preso desde el 7 de mayo Oscar Alberto Hernández Vásquez y con orden de aprehensión Oscar Eduardo Quirino Flores y su padre.
El pasado viernes a partir de las 7 de la mañana, habitantes de Paisanos bloquearon la carretera a Zacatecas por casi tres horas para protestar por esas irregularidades. Lo levantaron tras acordar tres puntos con el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado.
“Veremos si lo van a cumplir o solamente lo dijeron para que nos calmáramos”, expresó Quirino Flores, quien además funge como representante legal de los habitantes de Paisanos.
La misma tarde del viernes se rompió uno de los acuerdos. Se acordó frenar las obras del Complejo Industrial Mexquitic y lo hicieron… sólo por seis horas. Para las cuatro de la tarde la maquinaria reanudó su labor.
El sábado se incumplieron los otros dos acuerdos. Se promovería modificar las medidas cautelares para que Hernández Vázquez pudiera seguir su juicio en libertad y ese día se le vinculó a proceso y permanecerá encarcelado.
El tercer acuerdo, también incumplido en poco más de 24 horas, se refirió al compromiso de apoyarlos para presentar sus propias denuncias por los intentos de despojo, pero en la Fiscalía sólo le tomaron declaración a una persona y los mandaron a la Agencia del Ministerio Público de Mexquitic.
Por si hubiera duda sobre la falta de apoyo de la Presidencia Municipal a sus representados, el mismo viernes despidieron a José Oscar Quirino Hernández, uno de los afectados por el despojo, quien trabajaba desde hace 11 años en la Dirección de Seguridad Pública municipal. Sólo se le dijo que fue instrucción del alcalde José Hilario Leal Quistián, por lo que lo consideran una represalia.
Descartada así cualquier posibilidad de apoyo por parte de las autoridades locales, los afectados preparan ya un viaje a la Ciudad de México para denunciar la situación.
“Nos reuniremos con algunas comunidades de nuestro municipio para ir a Palacio Nacional a exponer la problemática y tratar de lograr algún programa de regularización de tierras para todo el municipio, ya que lamentablemente esta irregularidad en las tierras está en casi 90 por ciento del municipio, es de lo que se valen estos fraccionadores para arreglar sus escrituras públicas por abajo del agua con apoyo de notarías”.
No será la primera vez que este tema se lleve al Palacio Nacional, pero no necesariamente se trata de uno más, porque este exhibe con muchos elementos que, a más de 18 meses del actual gobierno estatal, no se deja de favorecer la voracidad empresarial.
