Por Victoriano Martínez
Desde el jueves 30 de junio de 2016, el juez segundo de distrito, Francisco Ramos Silva, concedió la suspensión definitiva de la construcción del confinamiento de desechos industriales en Palula, en el municipio de Santo Domingo.
Desde entonces, el Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (CITSU) se vio obligada a parar sus actividades en la zona, hasta esperar la conclusión del juicio.
Aquella victoria jurídica de quienes abanderaron la causa a favor de la preservación ecológica del lugar y la protección a la salud de los habitantes de la zona estaba precedida de pronunciamientos en diversos foros y hasta por parte de la Diócesis de Matehuala.
El 28 de agosto de 2015, entre las conclusiones del Foro “El Agua en el Desierto, Catorce hacia el 2030”, científicos, académicos, wixaritari y pobladores emitieron un pronunciamiento en el que ya pedían la suspensión del proyecto de Palula.
“Que se detenga de manera inmediata el depósito de residuos tóxicos que se pretende hacer en el predio conocido como ‘Ojo de Venado’ dentro del rancho Palula, para salvaguardar el pleno respeto de los derechos de información, audiencia y defensa, así como a la salud y al medio ambiente sano de los pueblos campesinos que se encuentran alrededor”, demandaron en el punto 7.
El 26 de abril de 2016, representantes de la empresa y opositores al proyecto se reunieron con legisladores locales en una sesión en la que quedaron de manifiesto al menos seis pendientes que hacían inviable la realización de proyecto.
El 9 de mayo de 2016, durante una reunión informativa en Ejido Margaritas, municipio de Catorce, se leyó el documento “Conclusiones basurero tóxico”, con la que la Pastoral Social de la Diócesis de Matehuala dio su apoyo a la lucha del Comité en Defensa de la Vida de Santo Domingo.
El 14 de junio, dos semanas antes de la suspensión definitiva por parte del juez, el expresidente municipal, regidores y síndicos de Santo Domingo, presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por la falsificación de firmas en autorizaciones a favor de CITSU, empresa impulsora del confinamiento.
Veinte días después de resuelta la suspensión definitiva por el juez segundo de distrito, la diputada federal María de los Ángeles Rodríguez presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo sobre el tema.
“PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que remita a esta soberanía un informe sobre los permisos otorgados y la situación en la que operan las empresas encargadas del confinamiento de residuos tóxicos en el municipio de Santo Domingo en San Luis Potosí, así como situación las acciones que se están llevando a cabo en materia de residuos tóxicos en dicho municipio.
“SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de San Luis Potosí a informar a esta Soberanía sobre la situación del uso de suelo de las empresas encargadas del confinamiento de residuos tóxicos en el municipio de Santo Domingo”.
A dos años y nueve días de la suspensión definitiva, el juzgado segundo de distrito notificó este lunes a los abogados defensores le “Comité en defensa de la vida del altiplano potosino” la resolución en la que ordena que se detenga definitivamente la construcción del tiradero de desechos industriales.
Es sólo uno más de los procesos jurídicos en trámite, pero el avance viene a reforzar las medidas que evitan la instalación del tiradero de desechos tóxicos.
Es la historia de una defensa ecológica oportuna que a diferencia de Metalclad en Guadalcázar o Minera San Xavier en Cerro de San Pedro que, a pesar de que también tuvieron triunfos jurídicos, no lograron evitar daños ecológicos.
Por cierto, uno de los procesos pendientes está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y es el relativo a la falsificación de firmas de ex funcionarios municipales de Santo Domingo.
