Por Victoriano Martínez
Hay una gran diferencia entre atender el interés superior de la niñez y, en su nombre, instrumentalizarlos para alimentar el ego, la popularidad y proyectar una imagen de gran benefactor, con la agravante de hacerlo con recursos públicos.
El 30 de junio de 2016, el comité de adquisiciones del Ayuntamiento encabezado por Ricardo Gallardo Juárez, emitió el fallo para la compra de 40 mil paquetes escolares para estudiantes de primaria y 10 mil para estudiantes de secundaria.
El objetivo, se dijo, era “mantener el impulso a la educación de nuestros niños” por ser un “derecho para poder formarse como personas de bien”, para lo que –desde su perspectiva– resultaba indispensable que las mochilas llevaran la leyenda “Pollitos a la Escuela”, fueran del entonces amarillo gallardía y los útiles llevaran el lema “va con Gallardía”.
Aquel primer año se apoyó a 50 mil familias, según lo promocionaron, y para el año siguiente –a pesar de que era más común ver las mochilas en las espaldas de adultos trabajadores que de niños camino a la escuela– el apoyo se incrementó para alcanzar a 80 mil.
El uso de la palabra “gallardía” –a pesar de que el diccionario incluido en el paquete no la definía pero sí la incluía en 15 ocasiones– y el color de las mochilas fueron motivo de quejas ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) que, para el 6 de enero de 2017, consideró acreditada la violación al artículo 134 constitucional por promoción personalizada.
Tras recorrer los tribunales electorales, el caso –con uno de los expedientes abierto de oficio por el propio organismo electoral– volvió al CEEPAC con la orden de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se realizara una investigación más exhaustiva.
El resultado definitivo del caso –tras la investigación exhaustiva– se dio el 15 de mayo de 2018, cuando la Sala Monterrey del TRIFE confirmó el resultado del CEEPAC: Gallardo Juárez violó la Constitución y al hacerlo desvió recursos por 13 millones 881 mil 287.31 pesos (13 millones 603 mil 116 pesos por los paquetes escolares y 278 mil 171.31 pesos por pago a medios de comunicación).
La violación constitucional y el millonario desvío quedaron impunes. Conforme a la ley, el caso se turnó a la contraloría interna del Ayuntamiento para que aplicara la sanción, lo que dejó en manos de un incondicional del infractor determinar el castigo: unas semanas antes de concluir el trienio el contralor de Gallardo Juárez reportó no encontrar elementos para sancionarlo.
Ricardo Gallardo Cardona, como gobernador, comenzó este mes el reparto de 350 mil paquetes escolares y más de cien mil pares de zapatos. “Es la mejor inversión que hemos hechos porque es para nuestros niños de San Luis Potosí”, proclamó el mandatario en un video promocional.
La mochila pasó del desaparecido amarillo gallardía al verde pollo-ecológico, y aunque no se incluyó la frase “pollitos a la escuela”, aparece en negro el ícono del mismo pollo que desde hace varios años Gallardo Cardona utiliza para sus promocionales, incluido el periodo de la campaña electoral.
La misma ruta por la que se acreditó la violación constitucional y el desvío millonario de recursos por parte de su padre.
Hoy el CEEPAC parece no percatarse de la reincidencia gallardista, porque resultaría muy grave que se hiciera de la vista gorda, sobre todo cuando cada vez adquiere más relevancia la protección al interés superior de la niñez, incluso con lineamientos muy detallados al respecto emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En ellos se destaca que “de conformidad con los artículos 4º, 18 y 29 de la CPEUM, el Estado, en sus decisiones y actuaciones, debe cumplir con el principio del interés superior de la niñez, el cual es guía para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a niñas y niños”.
Basta hacer un repaso a las imágenes publicadas por Gallardo Cardona en su cuenta de Facebook percatarse de que no sólo se incurre en las mismas violaciones y desviaciones de recursos en que incurrió Gallardo Juárez, sino que se antepone el interés promocional del mandatario por encima del interés superior de la niñez.
Decenas de niños exhibidos públicamente la red social del gobernador, con 527 mil seguidores que, conforme a las resoluciones del TRIFE que atiende la actualización de esos lineamientos, traen grandes riesgos para los menores de edad, “de los que debemos hacernos cargo como Estado y personas adultas para protegerles”.
“…subir una foto o video a una red social, rompe la regla de lo privado y es incierto saber quiénes la tienen y el uso que le darán”, cita en sus lineamientos el INE. “El riesgo está latente, puesto que con ello se crea una identidad digital y se expone al menor al riesgo de que se utilice dicha imagen con fines deleznables”, agrega.
Cita como ejemplo una práctica denominada como “morphing”, que consiste en “distorsionar y manipular una imagen difundida online con connotaciones sexuales y vejatorias que vulneran no sólo la imagen de la y el menor de edad, sino su intimidad y dignidad. Con esa práctica, lamentablemente muchas páginas de pornografía infantil no utilizan las caras reales y horrorizadas de las y los niños explotados, sino que las cambian por fotos de niños y niñas sonrientes robadas de la web”.
El INE publica un manual para recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de su imagen. ¿Gallardo Cardona contará con toda la evidencia documental para utilizar abiertamente la imagen de tantos niños, incluso hasta con uniformes escolares y algunos otros elementos que se considera incrementan los riesgos?
Lleva 10 días exhibiendo a menores de edad a discreción. ¿Dónde están los organismos que protegen el interés superior de la niñez? ¿Dónde está el organismo garante de la protección de datos personales?
Con su silencio, el CEEPAC, la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) y la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información (CEGAIP) no sólo son cómplices de una propaganda que viola la Constitución, sino que también la violan porque como autoridades no promueven, respetan, protegen ni garantizan los derechos de la niñez.
