Por Victoriano Martínez
Cuando no existe voluntad para tomar en cuenta la participación ciudadana, aunque la ley se los ordene, las autoridades se las arreglan para sacarle la vuelta, pero –sobre todo– para aparentar su cumplimiento con tal de no tomar en cuenta a la población. Si así es cuando la ley se los ordena, nada se puede lograr cuando es una demanda de la sociedad civil sin que haya obligación.
Ejemplos se dan con tanta regularidad como nombramientos tiene que proponer el Ejecutivo al Congreso del Estado en los que no hay obligación de consulta pública, así cámaras empresariales, organizaciones civiles y hasta colegios y asociaciones de profesionistas pidan ser tomados en cuenta, el gobernador los ignora.
En cada nombramiento, el gobernador Juan Manuel Carreras López asegura que tomará en cuenta a la ciudadanía, deja pasar el tiempo conforme a su estratégico timing –a veces muy largo como en las recientes propuestas para la fiscalía anticorrupción– y al final presenta propuestas a modo surgidas de una fantasmal consulta a la población, que aseguran haber hecho.
Con el reciente caso de la terna para la Fiscalía Anticorrupción quedó muy claro: Alejandro Leal Tovías, secretario de gobierno, afirmó que era una propuesta consensuada con las barras de abogados, y de inmediato salieron éstas a desmentir esa afirmación.
La misma historia del fiscal carnal autoproclamado autónomo, las convenencieras ratificaciones de magistrados del Poder Judicial en puerta, e –incluso más allá de lo que la ley le permite– su injerencia en nombramientos de titulares de organismos autónomos a cargo exclusivamente del Congreso del Estado, ante los que interviene para favorecer a personajes que le resultan a modo.
En las próximas semanas, Carreras López tendrá que enviar al Congreso del Estado una terna para renovar la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Un nombramiento para el que la Ley de Atención a Víctimas establece un procedimiento obligado de consulta para integrar la terna:
ARTÍCULO 92. La Comisión Ejecutiva Estatal estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, de la terna que enviará el Ejecutivo Estatal, previa consulta pública dirigida principalmente a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia.
El pasado 23 de julio, Carreras López y Leal Tovías publicaron en el Periódico Oficial del Estado la convocatoria a los interesados “en participar del presente procedimiento, así como los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia y al público en general (…) a que propongan a ciudadanas o ciudadanos que formaran la terna…”
El procedimiento se dejó totalmente a cargo de Ulises Valencia, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, quien será el encargado de evaluar a los propuestos, pasar la información a Carreras López para que sea finalmente quien defina la terna.
Una consulta pública claramente simulada: para presentar propuestas se establecieron cinco días durante siete horas por día, es decir, un total de 35 horas… con una nula difusión que vuelve prácticamente secreta la convocatoria o, de plano, para que sólo participen los personajes que desde siempre suelen medrar con el tema de las víctimas.
Aunque en la base novena se dispone la publicación de la convocatoria “en los portales electrónicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado”, ni en el de la propia Secretaría de Gobierno fue posible localizarla y en el portal general del gobierno estatal sólo aparecen las convocatorias publicadas desde el año pasado.
La simulación de la consulta pública llega al grado de aparentar ser inclusivos, que en el ejemplar del Periódico Oficial aparece el texto de la convocatoria en español, tenek, náhuatl y pame, como si con eso se abriera a todas las comunidades indígenas que hay en el Estado.
Una consulta con expertos del Colegio de San Luis en políticas de inclusión indígena generó de inmediato una reacción irónica: “buen intento”. Y es que, de entrada, señalan que para atender a todas las etnias con presencia en el Estado, el documento se tendría que traducir a siete lenguas.
La visión de que en San Luis Potosí sólo hay tres grupos étnicos (tenek, náhuatl y pame) también resulta errónea, pues en el caso de los pames, se dividen en dos grupos, los de la región norte y los de la región sur, cuyas leguas varían.
Otra falla en las traducciones presentadas en la convocatoria es que, para el caso de la versión en náhuatl se utilizó una variante de esa lengua que no es la que se habla en la Huasteca Sur, por lo que a los habitantes de esa zona a los que se dirigió la convocatoria también se les dificulta interpretarla.
Ante estas fallas de comunicación, que la versión de la convocatoria en español se haya presentado incompleta (no se incluyó la tabla de ponderación para la evaluación de los propuestos) resulta una minucia que sirvió para un ejercicio que muestra las dificultades que una persona nahua de Tamazunchale tiene para entender su contenido.
Se pidió a un traductor de Tamazunchale la traducción de la tabla faltante en la versión en español. La primera observación fue que está escrito en una variante de la lengua que no se habla en esa zona, por lo que en el resultado que se presenta a continuación se incluyen conceptos aproximados:
Hacer una consulta pública exige mucha voluntad. Hacerla con un sentido inclusivo real exige además tener claridad sobre las acciones positivas que se pretenden realizar, o se corre el riesgo de incurrir en alguna de las faltas que se busca superar… o en dejar expuesta una actitud simuladora más.
Carreras López se encamina, pues, a lograr el nombramiento de uno más de sus incondicionales, en esta ocasión en la CEEAV.
