Por Victoriano Martínez
Para cerrar el año, el Congreso del Estado dejó dos muestras más de que en su afán por complacer al Ejecutivo sus determinaciones resultan tan poco claras, que desata una serie de acciones de otras autoridades para explicarlas o iniciar negociaciones para que sean cumplidas.
Con la incorporación de seis artículos a la Ley de Hacienda del Estado, los diputados crearon el Impuesto por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, presuntamente como parte de una serie de medidas de control de emisiones contaminantes al medio ambiente.
En la exposición de motivos se describen 13 puntos sobre las razones por las que se plantea este nuevo impuesto, que tienen que ver con cuestiones sobre los efectos del cambio climático y la búsqueda de lograr un desarrollo sustentable, como aportaciones genéricas que poco aporta a una explicación de la forma en que este impuesto aportará a lograr un ambiente sano.
Un ejemplo: “La mala calidad del aire tiene impacto en el ámbito económico, debido a que los problemas de salud de la población generan tanto la disminución de la productividad como un incremento del presupuesto que debe destinarse a los gastos en salud, afectando finalmente la competitividad del Estado”, se menciona en la exposición de motivos.
Sin embargo, en todo el documento no se explica la relación que tiene el pago del impuesto por la emisión de gases y una disminución en las emisiones.
¿Acaso se espera que por que se tienen que pagar un impuesto por las emisiones contaminantes las empresas reducirán su producción con tal de pagar menos impuesto? ¿Qué les resultará más económico, pagar ese impuesto o invertir en tecnología para reducir sus emisiones contaminantes?
Si les resulta más oneroso invertir en investigación sobre tecnología para reducir las emisiones que pagar el impuesto, la medida que aseguran aportará para lograr un ambiente sano en los hechos simplemente se convertirá en un costo más de producción que afectará económicamente al consumidor, sin salvarlo en este caso de la mala calidad del aire.
A las dudas que se puedan tener sobre la pertinencia del cobro del impuesto ecológico se suma la falta de claridad en los mecanismos para su cálculo, que tendrán que estar descritas en las Reglas de Operación que elaborará la Secretaría de Finanzas antes de que entre en vigor el próximo 1 de abril.
Una falta de claridad que tiene a los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico en una labor de explicación a los empresarios porque “hay unos cuantos que todavía no acaban de entenderlo o de estar conformes con ello”. Una preocupación por parte de los empresarios que ya pidieron mesas de trabajo para salir de dudas.
La segunda determinación de este fin de año que la falta de claridad en la determinación del Legislativo, o su afán propagandístico, tiene a la autoridad municipal en una labor de diálogo con los afectados es la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial para establecer la gratuidad de los estacionamientos de los establecimientos comerciales y de servicios.
“Hoy estamos en este proceso, de llevar a cabo este diálogo con ellos y que cumplan la Ley sin lugar a dudas, y nosotros haremos nuestros procedimientos administrativos”, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos en el segundo día de la gratuidad de los estacionamientos.
Una reforma que se ha convertido es spot de radio y televisión en el que se anuncia la gratuidad de los estacionamientos en centros comerciales para quien realice un consumo en el mismo, pero se omiten otros centros de servicio como hospitales, restaurantes, la Central de Autobuses y el Aeropuerto.
Sin duda se trata de disposiciones que resultan polémicas, pero no establecer el beneficio específico y directo para la población en uno, y en el otro privilegiar una versión como si tuviera dedicatoria exclusiva a los centros comerciales, expone la urgencia sobre el ejercicio de un verdadero parlamento abierto, antes que una posterior necesidad de explicaciones.
