Redacción
Luego de que en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado fueran desechados los dictámenes relativos a la despenalización del aborto, las integrantes del primer Parlamento de Mujeres del Estado publicaron un posicionamiento para exigir a los diputados de la LXII Legislatura que abran un debate “honesto, real y científico” sobre el tema.
El documento comienza con un recuento de los compromisos, conferencias internacionales, políticas públicas y programas asumidos por el Estado mexicano para garantizar que las mujeres ejerzan plena autonomía atendiendo objetivos como la igualdad de género, reducción de desigualdades y la erradicación del embarazo infantil.
“Negar el derecho de las mujeres a decidir interrumpir la gestación constituye además una negativa del Estado para garantizar los derechos de las mujeres, desde la postura indialogante, autoritaria y voraz que han decidido ocupar, fomenta la violencia y la discriminación”, se lee en el posicionamiento.
Las integrantes del primer Parlamento de Mujeres del Estado señalaron que los derechos de las mujeres y niñas potosinas requieren que el Congreso del Estado garantice el acceso a servicios integrales de interrupción del embarazo de forma segura, gratuita y de calidad, por lo que se dijeron dispuestas a debatir al respecto.
A continuación, se reproduce íntegramente el contenido del posicionamiento:
Las abajo firmantes, integrantes del Primer Parlamento de Mujeres del Estado de San Luis Potosí, reivindicamos el derecho a la autonomía sobre nuestros cuerpos y pleno desarrollo de la personalidad, y exigimos a quienes integran la LXII Legislatura, dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado Mexicano para garantizar que las mujeres ejerzamos en plena autonomía, nuestro proyecto de vida en el marco de lo establecido en las Conferencias Internacionales de Viena, Cairo y Beijín; las cuales sentaron bases para algunas de las más importantes políticas públicas dirigidas a garantizar la salud integral de las mujeres, tal es el caso de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), la cual incluye como uno de sus componentes centrales la educación integral de la sexualidad y fortalecer los entornos habilitantes (legales, sociales y culturales), además, resulta importante puntualizar que el sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes (SIPINNA) y la AGENDA 2030 en sus objetivos de atender la pobreza, la salud, la igualdad de género y la reducción de desigualdades, reafirman necesario implementar estrategias que potencien las oportunidades de educación, salud y trabajo en las mujeres, insistiendo en el compromiso de retrasar la maternidad y erradicar el embarazo infantil, asociado prácticamente de manera invariable a la violación sexual.
Les recordamos también que en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y del caribe, Consenso de Montevideo 2013, se hizo un llamado público a respetar la laicidad de los Estados, considerando esto fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la democracia y la erradicación de la discriminación contra las mujeres; además, insta a que los Estados modifiquen sus leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo en la búsqueda de salvaguardar la vida y la salud de niñas, adolescentes y mujeres; mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos y el embarazo infantil forzado. ¡Los avances conservadores no podrán con la lucha por nuestros derechos! ¡Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas!
En el marco de lo antes expuesto, nosotras como muchas mujeres potosinas, exigimos se abran a un debate honesto, real y científico sobre el tema, estamos hablando de un tema que al criminalizarse atenta contra la vida y dignidad de las mujeres, un grupo históricamente vulnerado.
Obligar a las mujeres a llevar a término un embarazo no deseado, ocasiona no sólo riesgos para su propia vida y salud física y mental, sino también para esos hijos e hijas, toda vez que son mujeres que no poseen condiciones para ejercer una crianza segura, constituyendo en este sentido una tortura que se extiende incluso más allá de la gestación.
Negar el derecho de las mujeres a decidir interrumpir la gestación constituye además una negativa del Estado para garantizar los derechos de las mujeres, desde la postura indialogante, autoritaria y voraz que han decidido ocupar, fomenta la violencia y la discriminación. Nosotras estamos dispuestas a debatir y decididas a seguir trabajando por los derechos que construimos a través del ejercicio directo de nuestra autonomía.
Los derechos de las mujeres y las niñas potosinas requieren que el Congreso del Estado de San Luis Potosí con vigencia plena de Estado de derecho, garantice el acceso a servicios integrales de interrupción del embarazo de forma segura, gratuita y de calidad, como parte integral de esos derechos humanos; legislando de tal manera que todas las mujeres, niñas y adolescentes puedan acceder a los servicios de salud reproductiva, y derribando las barreras legales. Urge la erradicación de leyes que contemplen medidas punitivas contra las mujeres que han debido recurrir a abortos. El aborto seguro, gratuito y legal es un tema de salud pública, desarrollo humano, justicia social y de ciudadanía.
Legislar la interrupción voluntaria del embarazo no obligará nunca a las mujeres a abortar, pero convertirá a San Luis Potosí en un Estado más democrático y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas.
A T E N T A M E N T E
Primer Parlamento de Mujeres del Estado de San Luis Potosí.
