Estela Ambriz Delgado
Parteras y médicos tradicionales de los pueblos náhuatl, tének y xi’iuy, exigen que se frene la publicación del decreto de reforma a la Ley de Salud aprobado por el Congreso del Estado el pasado 23 de mayo, debido a que es regresiva, inconstitucional y violenta la autonomía de los pueblos originarios.
Además, denunciaron el incumplimiento de la diputada Bernarda Reyes Hernández sobre diversos acuerdos en torno al tema, entre los que estaba elaborar en conjunto una nueva propuesta y la realización de un foro de discusión sobre el tema.
Luego de haberse reunido parteras y médicos tradicionales tének de diversas comunidades de Aquismón, San Antonio, Xilitla, Huehuetlán, Tancanhuitz, Axtla de Terrazas, Coxcatlán y Ciudad Valles, así como la organización civil M’im T’sabal Parteras, la red In junil in ichcih an uxum, Comunidad Tecomate A.C. INPI sede Tancanhuitz, autoridades locales y jueces auxiliares con la legisladora el pasado 21 de agosto, y manifestarle su desacuerdo con la reforma a la Ley Estatal de Salud que ella propuso y fue aprobada, se tomaron diversos acuerdos que a la fecha no ha cumplido.
El primero de los acuerdos fue que el decreto de dicha reforma aprobada el 23 de mayo de 2024 por el Pleno del Congreso del Estado no se publique en el Periódico Oficial del Estado, puesto que no está armonizada con la Ley General en la materia, retoma discursos obsoletos que subordinan a las parteras tradicionales al considerarlas como empíricas; afecta el ejercicio de la autonomía de los pueblos, al otorgar la facultad a las autoridades de salud de regular y autorizar la práctica, e incluye además la promoción de cursos de profesionalización, desconociendo las formas de transmisión de saberes tradicionales y propiciando el etnocidio.
El segundo fue que las parteras y médicos tradicionales elaborarían una iniciativa de reforma a dicha ley con apoyo de la presidenta de la comisión legislativa de Asuntos Indígenas; y como tercer acuerdo, tenían la realización de un foro en la región Huasteca con los afectados, con diputadas y diputados de esta legislatura y electos, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Registro Civil, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) el día 5 de septiembre de 2024.
Sin embargo, a última hora la diputada les canceló el evento al que se había comprometido, “haciéndose ojo de hormiga”, por lo que la organización indígena M’im T’sabal Parteras emitió un comunicado en el que exigen que el decreto aprobado no se publique, principalmente porque contraviene a las reformas que se efectuaron a la Ley General de Salud en la materia el 26 de marzo de este año.
Ante esto, parteras, médicos tradicionales, académicas y diversas organizaciones de la sociedad civil, han señalado que el decreto estatal constituye una regresión de los avances nacionales realizados en el ámbito de los derechos a la salud, por lo que infringe el artículo 1 de la Constitución Política Mexicana, en el que se establece que los derechos humanos deben considerarse de manera progresiva.
Además de la violación del artículo 2 constitucional, en el que se reconoce la libre autodeterminación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables para la preservación de su cultura e identidad.
“La organización de parteras reafirma que los conocimientos ancestrales deben ser protegidos conforme a la autonomía de los pueblos indígenas. Por tal motivo las comunidades indígenas pedimos respeto a nuestros sistemas de salud”.
