Por Victoriano Martínez
Desde que en México se iniciaron las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas (ANP) la elaboración de sus programas de manejo se ha convertido en una omisión que impide que la protección ambiental se haga efectiva, a lo que suele sumarse la desatención de las autoridades ante las ilegalidades que se comenten en ellas.
Un contexto en el que el amparo logrado por la organización Cambio de Ruta mediante el que la Justicia Federal ordena a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental emitir y publicar de manera inmediata el programa de manejo del Área Natural Protegida Paseo de la Presa representa un importante logro, pero también la confirmación de las omisiones.
“El Juzgado de Distrito ha emitido una sentencia que no solo resuelve la omisión de las autoridades actuales, sino que también sanciona las faltas de las pasadas administraciones”, describió Cambio de Ruta en su comunicado sobre la sentencia del juez federal.
A 27 años de la declaratoria de Área Natural Protegida para el Paseo Camino a la Presa San José, seis gobernadores incluido el actual han incumplido con su obligación de dotarla de un plan de manejo, a pesar de haber enfrentado algunos intentos de urbanización depredadora.
El más reciente ocurrió en agosto de 2018, cuando el entonces presidente municipal, Ricardo Gallardo Juárez, lejos de salir en defensa del patrimonio ecológico de la Ciudad, fue el principal promotor de un ilegal cambio de uso de suelo para favorecer un predio dentro del ANP, presuntamente de su propiedad.
La publicación de aquella acción con la ubicación del predio a urbanizar que contó con el aval del Cabildo alertó a la organización Cambio de Ruta, que ya había iniciado los amparos pro la elaboración del plan de manejo, por lo que inició acciones judiciales en contra de aquel cambio de uso de suelo.
La resolución se dio a conocer el 18 de diciembre, cuando la Juez Octavo de Distrito ordenó al Ayuntamiento dejar sin efecto y revocar la autorización de cambio de uso de suelo en el predio de 6.8 hectáreas en San José de Buenavista, porque se violó la suspensión del amparo 30/2018-III.
Una resolución que el Cabildo encabezado ya por Xavier Nava Palacios obedeció de inmediato y tras revocar el cambio de uso de suelo lanzó la advertencia de que “los excesos de Gallardo no quedarán impunes, el daño causado al municipio debe ser castigado y resarcido”.
El 12 de junio de 2019, aquella advertencia se convirtió en una denuncia penal en contra del Cabildo 2015-2018 por los delitos de cometidos al haber autorizado un cambio de uso de suelo dentro de una ANP y por el de violación a una suspensión de amparo, relacionada con el expediente 30/2018-III.
Independientemente de la rivalidad Gallardo Juárez-Nava Palacios, aquella acción ordenada por un juez federal a petición de una agrupación ecologista marcó una diferencia en la atención a casos de atentados en contra de una ANP… hasta que llegó el siguiente cambio de administración municipal.
El 28 de noviembre de 2022, con motivo de las pretendidas obras junto al templo de el Saucito y otra denuncia contra Gallardo Juárez por las malogradas obras en Fray Diego de la Magdalena, Galindo Ceballos se deslindó de las acciones iniciadas por su antecesor con un evasivo “no me toca”.
Una actitud que deja ver que aún mantiene incluso ahora que nuevamente la justicia federal resuelve un asunto que le incumbe. Al declarar sobre la orden de elaborar el plan de manejo para la ANP Paseo Camino a la Presa se limitó a decir que hay muchos intereses en la zona, incluso inmobiliarios. “Lo que nos toca hacer es proteger, cuidar jurídicamente esta área”, expresó.
Omitió mencionar la denuncia que, como seguimiento a la resolución de amparo, se dio en junio de 2019, a pesar de que –según el comunicado de Cambio de Ruta– el amparo ordena al Ayuntamiento “atender las violaciones cometidas por la administración de Ricardo Gallardo J. con respecto a la aprobación de cambios en el uso de suelo en áreas que forman parte de la protección natural”.
Una evasiva postura “colaboradora” con la SEGAM como si fuera la única señalada como omisa, como si quisiera hacer valer nuevamente –aunque ahora de cara a una resolución judicial– aquel “no me toca” pronunciado en noviembre de 2022.
Galindo Ceballos no sólo se ajusta a la tradición de la omisión que impide que la protección ambiental se haga efectiva en una ANP como el Paseo Camino a la Presa, sino que completa el cuadro al sumarse la desatención de las autoridades ante las ilegalidades que se comenten en ellas… y quedan impunes.
