Por Victoriano Martínez
Los gritos, portazos, cambio de sede y toma de la Tribuna que dejó la aprobación de la reforma al Poder Judicial mostró hasta dónde son capaces de llegar las dos corrientes en pugna para intentar lograr sus objetivos: de un lado intentar reventar la sesión, del otro continuarla a pesar de cualquier tipo de escándalo.
El resultado fue, hasta la media noche de este martes 10 de septiembre –el recuento de los votos se dio a las cero horas con un minuto de hoy– de 86 votos a favor de la reforma, 41 en contra y cero abstenciones. De un lado no tuvieron dificultad para lograr la mayoría calificada. Del otro, fracaso el plan de los 43.
Una votación en la que la representación potosina de la primera mayoría se limitó a pronunciar cada uno su nombre y señalar el sentido de su voto a favor, en tanto que la senadora por la primera minoría, la panista Verónica Rodríguez Hernández, tuvo un papel protagónico en la toma de la Tribuna del Senado.
“En defensa de la Patria y del Poder Judicial”, dijo de pie atrás de la mesa directiva del Senado, luego de señalar que el sentido de su voto era en contra de la reforma.
La mayoría de los senadores, al emitir su voto, pronunciaron alguna consigna similar, tanto a favor como en contra, que por sí mismo los pronunciamientos no definían el sentido del voto como quedó registrado con el caso de un senador por Chihuahua.
“Mario Vázquez Robles, de Chihuahua, por la autonomía del Poder Judicial y por una justicia libre, libre de presiones indebidas. Gracias”, dijo cuando se le convocó a emitir su sufragio.
“El sentido de su voto, Senador”, tuvo que requerir la secretaria de la mesa directiva.
“Mi voto, absolutamente, es en contra”
Con la aprobación en lo general por parte de la mayoría calificada del Senado de la República, el debate en torno a la Reforma Judicial ha quedado superado, más no así algunos de los aspectos que se llegaron a señalar por parte de quienes, desde una postura en contra, la consideran incompleta por no contemplar otras instancias del sistema de justicia.
En tanto quienes estuvieron en contra señalaron ese faltante en la reforma, quienes defendieron la postura del Plan C omitieron cualquier referencia a ese señalamiento, a pesar de contar con material para hacerlo.
Cuando Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, leyó su propuesta de 100 pasos para la transformación, los mencionados como 98 y 99 tienen que ver con lo que acaba de aprobar el Senado, en tanto que el número 100 corresponde a “fortalecer las defensorías públicas para el acceso a la justicia del que menos tiene”.
En el documento completo sobre esos 100 pasos, en el apartado Propuestas y acciones de gobierno del capítulo correspondiente a la Reforma Judicial se enlistan seis (página 318), de las cuales las primeras tres han quedado aprobadas desde anoche en el Senado.
Las otras tres tienen que ver con lo que algunos senadores del PRI y del PAN reclamaron, que tienen que ver con una “reingeniería profunda de los principales ejes del sistema de justicia: Fiscalías, Justicia Federal y Local y Defensorías Públicas”, con un “Modelo Nacional de Justicia Cívica y Alternativa con rango constitucional” y con lo que se señala como la “Responsabilidad Profesional de la Abogacía”.
Se entiende que tales propuestas y acciones son el complemento de la reforma judicial y, por tanto, el tema que se viene tras lo ocurrido en el Senado anoche obliga a los senadores de oposición a impulsar la visión que tienen de esa parte de las modificaciones al sistema de justicia.
Esas tres propuestas y acciones contempladas en los 100 pasos para la Transformación dicen textualmente (página 319):
● Reingeniería profunda de los principales ejes del sistema de justicia: Fiscalías, Justicia Federal y Local y Defensorías Públicas, mediante la adopción de Modelos Nacionales con un enfoque social, democrático y de derechos humanos, que —sin desconocer las necesidades locales— consoliden un piso mínimo de principios, políticas y prácticas institucionales en todo el país.
● Modelo Nacional de Justicia Cívica y Alternativa con rango constitucional, para despresurizar al sistema penal, pacificar los conflictos, prevenir la comisión de delitos y el aumento de la violencia, y mejorar la percepción social de Estado de Derecho sin recurrir a la amenaza de la cárcel.
● Responsabilidad Profesional de la Abogacía: garantizar que el gremio jurídico contribuya a la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la justicia social.
