Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, mintió respecto al monto real que costarán las patrullas que presentó el pasado lunes y sobre el proceso de contratación, pues, en lugar de concurso, estas fueron adjudicadas directamente a una empresa cuyo principal socio es Luis Humberto Montaño García, ex vicecoordinador de campaña de Enrique Peña Nieto.
Tras salir de la presentación de las patrullas, Galindo Ceballos aseguró que el contrato celebrado para el arrendamiento de las unidades “es una inversión global a tres años de 160-170 millones de pesos”; sin embargo, de acuerdo con el listado de adjudicaciones directas que el Ayuntamiento está obligado a publicar cada mes, se advierte que el costo real del contrato es de 203 millones cinco mil 67 pesos; es decir, entre 33 y 43 millones de pesos más de lo dicho por el alcalde.
Lo anterior quiere decir que, en promedio, por cada una de las 92 patrullas arrendadas, el Ayuntamiento de San Luis Potosí pagará dos millones 206 mil 576 pesos.
En contraste, en el contrato DC/110/2019 correspondiente al arrendamiento de patrullas celebrado por la administración anterior (2018-2021) se observa que fueron arrendados mediante una licitación pública 210 vehículos para policías, incluyendo 96 patrullas, grúas, motocicletas, ambulancias, entre otros, por los que se pagaron 112 millones 285 mil 449 pesos; es decir, en promedio 534 mil 692 pesos por unidad.
De esta manera, cada vehículo arrendado por Galindo costará 312.67 por ciento más que los de la administración de Xavier Nava Palacios, es decir, un millón 671 mil 884 pesos más.
También, Galindo Ceballos dijo que el proveedor “viene de un concurso”, lo que, en estricto sentido, debería significar que el contrato se celebró luego de llevar a cabo una licitación pública o un procedimiento de invitación restringida; no obstante, en la Plataforma Estatal de Transparencia consta que la asignación del contrato identificado con el número DAAS/105/2021 fue directa lo cual viola la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y el decreto 1103 que establece que el monto máximo que se puede asignar directamente que es de 1125 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Para justificar la adjudicación de un contrato de 203 millones de pesos de manera directa, se argumentó que se hizo con base en la fracción II del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones del estado que establece que se puede adjudicar directamente cuando: Existan circunstancias que puedan provocar trastornos graves a la institución o costos adicionales importantes en el precio de los bienes o servicios.
Los posibles trastornos graves o costos adicionales que supuestamente se evitaron al adjudicar directamente el contrato tampoco han sido dados a conocer por la autoridad municipal.
Además, a pesar de que el contrato supuestamente se firmó el 16 de diciembre de 2021, la administración municipal mantiene oculto el contrato con el argumento de que se encuentra “en proceso de recabación de firmas y/o versión pública” por lo que no es posible conocer realmente las condiciones pactadas con la empresa.
La empresa contratada se llama Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. S.O.F.O.M. y fue constituida el 20 de junio de 2011 por Luis Humberto Montaño García, quien además fue diputado suplente del priísta Reyes Antonio Silva Beltrán en la LVIII Legislatura, Juan Manuel Sánchez Reyes, Ricardo Navarrete Longoria y Martín Daniel Arriaga Arias.
De acuerdo con el medio EjeCentral, Lumo Financiera del Centro fue denunciada por una empresaria en el Estado de México por presuntamente simular competir en licitaciones públicas donde habrían participado otras empresas vinculadas a Lumo Financiera del Centro.
