Por: Antonio González Vázquez
Hace aproximadamente quince meses, en respuesta a una solicitud de información recibida vía INFOMEX, el ayuntamiento de San Luis Potosí liberó información sobre los deudores del impuesto predial en el período 2008-2014. Entre las deudas más grandes estaba la de Urbanizadora Peña Blanca del empresario Carlos López Medina quien ahora, ha recurrido a los tribunales para demandar por presunto daño moral a funcionarios municipales y al periodista que revelaron la información.
Victoriano Martínez Guzmán, creador del portal de noticias y análisis en materia de transparencia, proyectotabano.com fue demandado por el poderoso empresario.
En un hecho inédito en San Luis Potosí, alguien que hacer valer su derecho constitucional de acceso a la información pública y funcionarios que actuaron en apego a la Ley de Transparencia, ahora enfrentan un proceso legal en su contra. El empresario está exigiendo la clausura definitiva del portal de Internet proyectotabano.com.
La demanda del empresario se presentó a través de su abogado de cabecera, Gustavo Barrera López, quien estuvo muy cerca de la campaña del candidato del PRI y actual gobernador electo, Juan Manuel Carreras López.
El periodista de larga trayectoria y reconocimiento por su calidad humana y profesional, ya ha respondido a la demanda. Aquí una parte de ésta que ha sido publicada en proyectotabano.com.
Liga a la información completa: proyectotabano2014.blogspot.mx/2015/06/piden-clausura-definitiva-de-proyecto.html
Martínez Guzmán expone en su respuesta a la demanda que el equipo de Proyecto Tábano ejerce su derecho a la información, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y protegido igualmente por la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado.
“Este ejercicio de investigar y recibir informaciones lo complementamos con nuestro derecho humano universal a “difundirlas, sin limitación de frontera, por cualquier medio de expresión” que, en nuestro caso lo constituye el portal que hemos denominado Proyecto Tábano”, agrega.
Señala que al difundir información obtenida de una fuente pública oficial “la responsabilidad sobre el carácter público que se dio a la información, así como (su) veracidad o falsedad, no recae en quienes integramos Proyecto Tábano”.
Advierte que la solicitud de López Medina, de la clausura definitiva en contra de Proyecto Tábano, basada “en argumentos convenientemente omisos y tendenciosos, siendo quien encabeza un poderoso grupo empresarial en la ciudad, cuya reputación no depende de si ha pagado el predial o no, sino de muchas otras acciones e intervenciones en la vida pública de las que se ha informado en distintos medios, reúne todas las características de un acto de intimidación y, en consecuencia, un atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
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