Por Victoriano Martínez
A nueve meses de haberse jubilado como policía, a Martín N. sólo le tocó enfrentar las injusticias de la jubilación para finalmente encontrar la muerte en circunstancias que, desafortunadamente, abren la puerta a la sospecha.
“Suponemos que fue un ataque en contra de la organización para callarnos. No sé ni qué pensar, yo no creo en las coincidencias”, expresó Jesús Luévano Rivera, representante legal de los ex policías al buscar una entrevista con el gobernador Juan Manuel Carreras López.
Para los directamente involucrados queda la duda, no porque los ex oficiales hayan recibido amenazas, pero sí porque las ha habido para el abogado, quien ha solicitado medidas de protección para él y sus representados.
Aunque responsabilizan al secretario de Seguridad Pública, Ernesto Pineda Arteaga, de lo que pueda ocurrirles, poco esperan sobre su protección porque el funcionario no ha sido capaz de garantizar la seguridad a la población en general.
Con ese primer elemento de sospecha de represalia contra los ex policías por las protestas que realizaron en días pasados, Pineda Arteaga evade hacer declaraciones a la prensa al salir de una reunión con Carreras López en Palacio de Gobierno, como si la muerte de Martín N. y los señalamientos que se le hacer sobre falta de protección no lo involucraran.
No se debe perder de vista que se trata de la seguridad de quienes previamente formaron parte de los cuerpos policíacos encargados de garantizarle la seguridad a la población a quienes hoy no se les protege ni como una reacción de solidaridad gremial. Si así pasa con ellos, la población puede esperar mucho menos.
Tan trágico se encuentra el panorama de la inseguridad, que hasta la propia Secretaría de Seguridad Pública asume que sus efectos son mayores a los que incluso sus estadísticas –que no dejan de ser preocupantes– muestran.
En rueda de prensa, Armando Oviedo Ábrego, del secretariado ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, calculó que durante 2019 ocurrieron más de 500 homicidios dolosos en la entidad potosina y reconoció que fue un año complicado, aunque aún esperaban las cifras definitivas del secretariado ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Mientras Oviedo Ábrego daba a conocer su cálculo, el Consejo Nacional hacía público el resultado: 853 homicidios durante 2019, de los cuales 453 fueron dolosos. Es decir, si el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado percibe que la inseguridad es mayor y más complicada, justificado está que ocho de cada 10 habitantes del estado se sientan inseguros.
Aunque durante 2019 se reportan 43 homicidios menos que en 2018, se debe tener en cuenta que en cuanto a los dolosos apenas ocurrieron 3 menos que el año anterior, lo que representa prácticamente que la violencia intencional se mantuvo.
Peor aún, el número de homicidios se ha duplicado (117% de aumento) en tanto que los dolosos han crecido un 88 por ciento en lo que va del sexenio de Juan Manuel Carreras López… sin que, como autoridades responsables, muestren el menor signo de preocupación, menos de tomar alguna acción.
