Antonio González Vázquez
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2004 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que en San Luis Potosí la prevalencia delictiva en unidades económicas registró una tasa de 3 mil 283 víctimas por cada 10 mil empresas o negocios.
Precisa que esa tasa, con relación a la de 2021, observó una disminución marginal al pasar de 3 mil 033 a 3 mil 283, lo que representó un decremento de apenas 0.6 por ciento.
Los delitos más frecuentes en contra de empresas y negocios en la entidad fueron la extorsión y el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes.
Respecto del costo promedio del delito por unidad económica, en San Luis Potosí alcanzó los 42 mil 251 pesos. En ese sentido, la media nacional registró 54 mil 451 pesos.
En las unidades económicas se incluyen los sectores comercio, industria y servicios, desde la grande, mediana, pequeña y micro empresas.
La ENVE 2024 reveló que al cierre de 2023 solamente el 12.2 por ciento de los delitos ocurridos contra unidades económicas fueron denunciados; de ese porcentaje, 79.4 por ciento ameritó la apertura de una carpeta de investigación en el Ministerio Público.
La percepción de inseguridad pública en las unidades económicas potosinas se colocó en 73.9 por ciento, lo que equivale a un aumento de 3.9 por ciento respecto de 2022.
Las zonas donde las unidades económicas percibieron mayor inseguridad son: transportar productos en carreteras, movilizar productos en corredores industriales, hacer compra-venta en centrales de abastos, hacer transacciones en bancos y en centros comerciales.
Ante el panorama de inseguridad, las unidades económicas potosina dejaron de hacer ciertas actividades como: dejar de manejar efectivo o reducir su uso al mínimo en las instalaciones de su establecimiento, 30.2 por ciento; reducir los horarios de atención al público, producción o comercialización de sus bienes y servicios, 31.3 por ciento; cancelar inversiones, 18.3 por ciento; dejar de comercializar o hacer negocios con otras empresas, 5.3 por ciento; cancelar rutas de distribución o venta de sus productos, 4.6 por ciento; y las personas dueñas dejaron de asistir al establecimiento, 10 por ciento.
Sobre el desempeño institucional, la percepción de corrupción que tienen las unidades económicas ubicó a las policías municipales en un elevado 71.7 por ciento.
Para las empresas, los principales problemas son: inseguridad y delincuencia, 59.1 por ciento; falta de apoyos del gobierno, 37.6 por ciento; falta de castigo a delincuentes, 22.3 por ciento; y corrupción, 21 por ciento.
El porcentaje de unidades económicas que manifestaron sentirse afectadas por el comercio informal se ubicó en 10.5 por ciento.
