Por Antonio González Vázquez
La periodista Marcela Loyola informó que recurrirá ante el Tribunal Electoral del Estado para impugnar la sanción que le impuso el Consejo Estatal Electoral y de Participación, por presunta violencia política en contra de una ex diputada del Partido Nueva Alianza y luego, integrante del Partido del Trabajo.
Consideró que la sanción impuesta la semana pasada en sesión del pleno del órgano electoral atenta contra sus derechos como comunicadora así como contra los más elementales derechos humanos y a su ejercicio de libre expresión.
La joven reportera externó su desacuerdo con el procedimiento realizado por el CEEPAC, por lo que anunció que recurrirá a las instancias legales que sean necesarias para hacer valer sus derechos.
Durante el proceso electoral del año pasado, la periodista publicó una nota en el periódico El Heraldo cuya cabeza fue “denuncian venta de candidaturas en SLP del Partido del Trabajo”. Las fuentes de información se reservaron a petición expresa de éstas, ya que temían alguna represalia de Patricia Álvarez Escobedo, a quien señalaban de la presunta venta de las candidaturas.
La publicación de la nota motivó que la ex diputada presentase una denuncia por violencia política ante la autoridad electoral. Una vez que ocurrió eso, personal del CEEPAC le exigió en varias ocasiones a la reportera que le diera a conocer las fuentes de la información.
Al respecto, Loyola Cabrera señaló que ella se negó a dar los nombres de las fuentes, pues eso iba en contra de su derecho de mantener la reserva y faltaría a su compromiso ético de proteger a sus fuentes.
Dice desconocer las motivaciones de Álvarez Escobedo para denunciarla y recuerda que en su momento, una vez publicada la nota, la ex diputada nunca hizo valer su derecho de réplica y prefirió denunciarla aunque no hubiese fundamento para ello.
Además de denunciar por violencia política a la reportera ante el CEEPAC, también recurrió a la entonces Procuraduría General de Justicia, lo cual a la reportera le ha parecido un exabrupto del todo incomprensible.
El expediente de sanción que le impuso la autoridad electoral se pondrá en conocimiento de instituciones internaciones de defensa de la libertad de expresión y de periodistas, pues se trata de un caso en el que la autoridad ha excedido sus límites de actuación desconociendo múltiples tratados internacionales signados por México en materia de libertad de expresión y derechos humanos.
