Abelardo Medellín
El 17 de agosto se reanudó el juicio contra Alejandro N., ex trabajador del DIF estatal acusado de violación agravada contra un menor de edad; en la audiencia destacó el testimonio de una perito en psicología forense que desestimó el testimonio de la víctima y luego se contradijo al describir las afectaciones que sufrió el joven.
La jornada del pasado miércoles tuvo una duración de poco más de ocho horas y solo desahogó los interrogatorios de tres testigos llamados por la defensa del imputado.
En la audiencia, la defensa de Alejandro N. presentó como testigo a una perito en psicología forense, especialista en psicoanálisis y maestra en hipnosis, quien realizó un metaperitaje del primer diagnóstico que realizaron psicólogas forenses a la víctima del caso en octubre de 2019.
De acuerdo con la perito, aquel diagnóstico concluyó en que la víctima presentó una afectación psicosexual, no obstante, afirmó que las psicólogas no pudieron llegar a dicha concusión sin tener la historia de vida y antecedentes del joven para determinar si el daño fue causado por un hecho reciente.
La testigo dijo que los primeros dictámenes psicológicos revictimizaron al joven al omitir grabar las primeras entrevistas y obligar a la víctima a repetir su testimonio en una segunda intervención.
El metaperitaje realizado por la testigo, según su dicho, concluyó que el primer diagnóstico no era válido, en tanto que no contenía los requisitos mínimos para serlo y debido a que no se aplicaron pruebas de veracidad como el Análisis de Contenido Basado en Criterios, CBCA.
“No porque me lo dijo el niño le voy a creer (…) estamos dictaminando algo que va a dañar a una persona”, dijo durante el interrogatorio la testigo de la defensa.
La perito en psicología forense afirmó haber realizado un análisis de credibilidad de testimonio, al utilizar el expediente de la víctima que tenía el Instituto Temazcalli y al aplicar un criterio de evaluación de 19 puntos.
Luego de explicar puntualmente cada uno de los puntos evaluados y sus conclusiones, la testigo afirmó que el testimonio de la víctima tenía “baja credibilidad” debido a que tenía inconsistencias.
Asimismo, afirmó que su análisis reveló que el joven tuvo “una historia de vida complicada” y encontró que la víctima presentaba ansiedad elevada, agresividad, inestabilidad y afectaciones sexuales; sin embargo, la perito explicó que estas afectaciones sexuales “no derivan del hecho denunciado” contra Alejandro N.
“El menor está dañado sexualmente (…) pero no es por la vivencia de la denuncia, no son indicadores de haber sido violado”, dijo.
Al final del interrogatorio de la defensa, la perito aseguró que, a través de una prueba en específico, pudo constatar que la afectación psicológica y sexual del joven tuvieron que haber ocurrido en su niñez, específicamente entre los cuatro y seis años.
Sin embargo, durante el contra interrogatorio dirigido por los abogados de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), la especialista se contradijo en sus afirmaciones.
Inicialmente, la Fiscalía le preguntó a la perito si su análisis del diagnóstico contaba con alguna perspectiva de infancia, pero a pesar de alegar que “todos” sus estudios la especializaban en infancias, no pudo citar a ningún autor utilizado en su metaperitaje para respaldar la perspectiva de infancia.
Además, cuando se le cuestionó si los primeros dictámenes emitidos por las peritos psicólogas –los cuales desestimó al inicio– podrían revelar indicadores de violación, la testigo confesó que sí podían revelar este tipo de indicadores, pero insistió en que no eran “los instrumentos adecuados”.
Tantas fueron las contradicciones y momentos confusos durante el contra interrogatorio, que en un momento durante este ejercicio el abogado de la FGE y la perito sostuvieron la siguiente conversación:
FGE: ¿Es un indicador de violencia sexual la baja autoestima?
Perito: No.
FGE: Dígame un indicador de abuso sexual.
Perito: Bueno… baja autoestima.
A pesar de que la testigo refirió que su análisis se basó en documentos de la carpeta de investigación y los expedientes de la víctima resguardados en el Instituto Temazcalli, por objeción de la defensa, no se permitió que la testigo revelara quién autorizó el acceso a esos documentos o si tuvo acceso a más registros del joven.
Finalmente, aunque la testigo aseguró que la edad de las afectaciones psicológicas podía ubicarse entre los cuatro y seis años de edad, durante el contra interrogatorio volvió a contradecirse al afirmar que “nadie podría determinar cronológicamente un daño”.
La décima jornada
Durante la audiencia también se presentaron a dar su testimonio una enfermera que convivió con la víctima durante los días posteriores a su denuncia y un científico espacial que ayudó a localizar el celular de Alejandro N. en la noche en que supuestamente ocurrió la última agresión.
Durante su interrogatorio, la enfermera de la Casa de Salud Mental Dina Belanger, narró que en octubre de 2019 sostuvo una conversación con la víctima en la que el joven le confesó que era presionado para mentir en contra de Alejandro N.
Según su dicho, la víctima le dijo:
“Unas personas que trabajaban con el señor Alejandro le habían inventado un chisme (…) querían que él culpara a Alejandro (…) es algo que están pidiendo que él diga”.
Llamó la atención que durante el contra interrogatorio, la Fiscalía se limitó a preguntar por la preparación académica de la enfermera o si esta tuvo a la vista al joven todo el tiempo durante el tiempo que estuvo en la Casa de Salud Mental del 19 al 21 de octubre de 2019.
También resaltó el hecho de que la asesoría jurídica no intervino en el contrainterrogatorio.
Por su parte, el científico espacial dijo haber sido contratado por la defensa para localizar el teléfono del imputado, a través de sus datos conservados, y un análisis de geolocalización para tener la certeza de dónde estuvo el aparato celular la noche en que, según la víctima, ocurrió la última agresión.
El especialista explicó extensamente la forma en la que, al utilizar datos solicitados a la compañía celular y un aparato de geolocalización especializado, logró determinar que el imputado recibió o realizó llamadas entre las 19:41 y las 20:10 horas, que lo ubicaron en tres lugares distintos en ese periodo de tiempo: una plaza comercial ubicada frente a la iglesia de la Sagrada Familia sobre la avenida Himalaya, la lateral de la avenida Salvador Nava a la altura del autolavado “El Trapazo” y una ubicación más en la misma avenida a la altura de la Universidad Cuauhtémoc.
A pesar de que el científico aclaró en diversas ocasiones los datos e información que se utilizaron para precisar la ubicación del aparato celular, este no pudo y no se le permitió aclarar que la ubicación del celular no necesariamente refleja el lugar en el que estuvo Alejandro N. esa noche.
El juicio oral continuará este jueves 18 de agosto a las 12:00 del día, en una jornada donde se esperan desahogar otros seis testigos de la defensa.
