Eduardo Delgado
Desde el pasado 7 de abril la permanencia de Martín Celso Zavala Martínez como magistrado en el Poder Judicial del Estado viola la Constitución del Estado, cuyo artículo 97 establece que ese cargo no podrá ser ejercido después de los 73 años, edad que cumplió en la víspera.
En menos de dos semanas, el 7 de octubre, se cumpliría medio año de la trasgresión a esa norma constitucional. Llama la atención que el 28 de septiembre de 2014 -hace casi cinco años- los diputados integrantes de la LX Legislatura lo eligieron para ocupar el cargo durante seis años, es decir, para concluirlo después de la edad permitida.
Martín Celso, quien fue procurador y secretario general de Gobierno durante las administraciones de los ex gobernadores Horacio Sánchez Unzueta y Fernando Silva Nieto, en cuyo sexenio le fue otorgado el fiat como notario público, nació el 6 de abril del año 1946.
La vulneración a la carta magna del Estado es parte de los argumentos expuestos en la demanda de juicio político promovida ante el Congreso del Estado por la magistrada Adriana Monter Guerrero, un grupo de jueces y el abogado Efraín Torres Salazar, contra el presidente del Poder Judicial del Estado y del Consejo de la Judicatura, Juan Paulo Almazán Cue.
“Como garante del Estado de Derecho, ALMAZAN CUE, en un actuar que se supone debe ser congruente, legal, pero sobre todo sin distinción ni discriminación alguna, estaba y está obligado a comunicar de inmediato, a la autoridad o autoridades respectivas, para que se actúe conforme corresponda en derecho; que el magistrado MARTÍN CELSO ZAVALA MARTINEZ, el pasado mes de abril del año en curso, cumplió la edad de 73 años”, se asentó.
No obstante, se lee en la demanda, “ninguna comunicación se ha hecho al respecto porque dicho magistrado, igual que el diverso Felipe Aurelio Torres Zúñiga, pertenece al mismo grupo de poder, al cual está sometido por interés el Presidente del Tribunal”, se añadió en el documento.
Los suscriptores de la demanda advierten que los actos u omisiones de los miembros del Consejo de la Judicatura, presidido por Almazán Cue, “redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales del Estado, como de su buen despacho”, y de manera especial “de la impartición y administración de justicia a nivel local”.
