Estela Ambriz Delgado
La reforma en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos fue aprobada este 18 de septiembre en la Cámara de Diputados, y aunque el Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) considera que se queda corta con sólo un artículo, es importante porque los reconoce como sujetos de derecho a nivel federal y abre la pauta hacia la transferencia directa de recursos a las comunidades.
Luego de que fuera aprobada por mayoría calificada con 492 votos a favor, Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del OIM, manifestó que la modificación al artículo 2 Constitucional abre pauta a nuevos horizontes en el trabajo con comunidades indígenas, aunque no es la esperada, puesto que la iniciativa original que se le propuso al Gobierno Federal abarcaba más artículos de la Constitución.
“Esto es abonar poco a poco al resto de las reformas que serán necesarias para ir armonizando aún más las distintas disposiciones legales que hay en nuestra constitución para favorecer los derechos y la cultura indígena en el país. Aún resta ampliarla y construir las leyes reglamentarias que se requieren para materializarla”.
Entre las modificaciones se encuentra que el artículo establece que la nación mexicana es única e indivisible, con una composición pluricultural y multiétnica, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional, que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.
Al respecto, Cisneros Sánchez determinó que se trata de un reconocimiento fundamental, pues al ser los primeros en hecho, deben ser los primeros en derecho, asimismo con el reconocimiento como sujetos de derecho público, y con ello el cuarto nivel de gobierno, que es la comunidad indígena.
El activista explicó que, si bien en San Luis Potosí desde 2003 ya contaban con el reconocimiento de esta personalidad, el hecho de que se haga a nivel federal es sin duda un aspecto que abona a fortalecer sus competencias, trabajo y desarrollo, porque adquieren una personalidad jurídica y un patrimonio propio como gobierno comunitario.
En este sentido, Cisneros Sánchez apuntó que con ello se abre paso a la transferencia directa de recursos a comunidades, aunque es un aspecto que tendrá que exigirse a los gobiernos en los distintos niveles, además de que se matiza el derecho a la consulta indígena y se reafirma la libre determinación y autonomía indígena.
Finalmente, mencionó que los gobiernos estatales y municipales tendrán seis meses para realizar las adecuaciones legales necesarias para armonizar las disposiciones locales con lo que ahora establece la Constitución.
