Abelardo Medellín
“Pésimo, preocupante y peligroso” es el estado actual de la Seguridad Pública en la entidad potosina, manifestó Edgardo Hernández Contreras, quien, a una semana de haber tomado el cargo al frente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, habló con Astrolabio Diario Digital sobre el trabajo pendiente en este tema y las condiciones actuales de las instituciones que se encargan de estas actividades.
El diputado crítico que hasta hace una semana, cuando asumió el cargo, esta comisión sólo se había enfocado hasta entonces en “sacar el poco trámite que ha llegado a la comisión, sin embargo totalmente acéfala en la cuestión de rendición de cuentas de las diferentes corporaciones policiacas que nosotros, en coadyuvancia con el Poder Ejecutivo, podemos hacer supervisiones porque nosotros aprobamos el presupuesto”.
Recordó que el pasado viernes, en aras de continuar con las actividades de supervisión, acudieron a módulos de seguridad pública en la capital, y en este sentido expuso:
“Vemos unos módulos totalmente descuidados, tirados al abandono, sin sillas, con instalaciones precarias, sin suministros sanitizantes ni cubrebocas ni gel tampoco; material de oficina que el policía tiene que erogar de su bolsa para comprar papel, tienen que inventar el kit de primer respondiente, es decir, los recursos, que son más de 130 millones de pesos para materiales y suministros, no los vemos reflejados, eso sin contar los vehículos en mal estado […] no les dan uniformes, no hay equipo en lo general, los módulos en la infraestructura, totalmente abandonados”.
Algunos de los módulos que el diputado visitó el pasado viernes fueron los ubicados en Simón Díaz, del Eje 132 en la zona industrial, José de Gálvez, Unidad Habitacional Fidel Velázquez, Pavón, Las Terceras, Fovissste y Los Arbolitos, este último se encuentra abandonado a pesar de que es un sector que registra altos índices de inseguridad.
Aseguró que las carencias materiales que tienen las corporaciones policiacas explican el porqué no se les puede exigir de más como instituciones que aporten al orden público.
El legislador añadió que, al ver una clara falta de aplicación de recursos en estas áreas, sería importante “llamar a cuentas públicas, hacer auditorias puntuales, no a modo, como la Auditoría Superior del Estado, y ojalá haya consecuencias, porque el recurso que nosotros erogamos en pro de la seguridad pública y que se debe de aplicar para el bien de los potosinos, no se ve reflejado”.
Refirió que las visitas que realizó a módulos de seguridad es sólo una primera parte del trabajo que realizará la comisión, pues aún faltan supervisiones similares en espacios de reinserción social: “tendremos acercamientos en los penales para ver las necesidades que se tengan de primera mano, repito, dinero y recurso hay, se aprobó, pero ¿dónde está?, únicamente nos podemos dar cuenta nosotros yendo físicamente a los penales”.
Respecto al trabajo en materia de Seguridad Pública desde el Poder Ejecutivo, platicamos sobre algunas de las metas en materia de seguridad enmarcadas dentro del eje cuatro (Programa Sectorial de Seguridad Pública) del Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021, que lleva casi seis años en ejecución, y en el que se enmarcaron retos y prioridades de seguridad pública como:
– Fortalecer el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública.
– Mejorar el perfil policial: reclutamiento, control de confianza, capacitación permanente y evaluación de habilidades del desempeño.
– Optimizar los recursos y hacer uso de tecnologías de información y herramientas de inteligencia policial, para atender eficazmente la problemática de la inseguridad.
– Desarrollar una estrategia integral para consolidar una cultura de la denuncia con miras a reducir los delitos no denunciados y mejorar la percepción de inseguridad de la población.
En este sentido, el diputado hizo énfasis en qie “es una vergüenza escuchar eso, es una vil demagogia, no existe ni la profesionalización ni el equipamiento ni los exámenes rigurosos de confianza, por el contrario, quienes asumen el cargo, o la titularidad como secretarios de Seguridad Pública, en este caso Jaime Ernesto Pineda, no brindó esa tecnología que se prometió con su C5”.
Edgardo Hernández señaló que los planes en materia de seguridad pública que se planteó el Gobierno Estatal al inicio de su gestión en 2015, contrastan con el índice delictivo que tiene actualmente la entidad: “en contraespejo, con el índice delictivo que ha aumentado un 300 por ciento, ¿dime si eso va acorde con la realidad?, es sencillo, la percepción de inseguridad generalizada de la sociedad es cada día más”, sostuvo.
Destacó que en la actualidad no hay confianza en las instituciones, no hay estrategias contundentes contra la inseguridad y respaldó estas afirmaciones con el caso conocido localmente como “el cartel de la ministerial”: “esa es la policía de casa, que es la policía de la Fscalía General del Estado, entonces, si hay un señalamiento de una narcopolicía del cartel de la Ministerial, en consecuencia, pues la Policía Estatal, que está en los cuatro puntos que mencionas, pues vemos que no hay una realidad acorde con esa demagogia”.
Consideró que el curso de acción para mejorar la calidad de la seguridad pública en el estado es sencillo: “únicamente que se aplique el recurso, ya lo aprobamos, ahora sólo falta que se ejecute en los rubros que ellos solicitaron para su aprobación, pero son tramposos, porque una vez que lo aprobamos, no sabemos cómo se va ejerciendo y cuando vienen las auditorias anuales, puras trampas, maquilladas y pésimo servicio el de Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, titular de la Auditoría Superior del Estado, porque es prácticamente una gerente del gobernador, le dice que haga y que no haga”.
Cabe recordar que el diputado Hernández Contreras cuenta con experiencia dentro del área de seguridad pública, ya que en su trayectoria figuran encargos como coordinador de Asesores de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí; Coordinador de Control y Gestión de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, además de otros seis puestos dentro de la Procuraduría General de la República.
